David Martínez | Miércoles 13 de enero de 2016
El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el viceconsejero de Administraciones Públicas, Fernando Mora, han coincidido hoy en la necesidad de que se lleve a cabo una reforma de la actual legislación de la administración local que fue impuesta por el Gobierno del PP en la anterior legislatura.
Tanto Álvaro Gutiérrez como Fernando Mora consideran que la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local ha hecho un daño importante a los ayuntamientos y es imprescindible cambiarla para que los ayuntamientos puedan tener una mayor autonomía y, lo que es más importante, una mayor capacidad para trabajar a favor de los ciudadanos y ciudadanas.
Recordaban que la Ley que aprobó en solitario el Gobierno de Mariano Rajoy en la anterior legislatura recibió un rechazo mayoritario de los grupos políticos del Parlamento nacional y que el PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional denunciando el ataque a la garantía constitucional de la autonomía local que suponía.
Este fue uno de los asuntos que el presidente de la Diputación y el viceconsejero de Administraciones Públicas abordaban esta mañana durante la reunión que han mantenido en la sede de la Presidencia de la Institución provincial en la que han tratado temas comunes a ambas administraciones.
Otro de los cuestiones abordadas fue la inmediata ampliación de la bolsa de secretarios locales que va a desarrollar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la necesidad de formación para los componentes de esta bolsa, así como el reforzamiento de la asistencia técnica a los pequeños municipios.
Fernando Mora transmitió a Álvaro Gutiérrez el interés de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de dar un impulso a la administración electrónica en lo que es relación de los ciudadanos con todas las administraciones y la importancia del registro único a través del convenio ORVE.
Ambos responsables valoraron muy positivamente el funcionamiento de estos servicios que facilitan el acceso de los habitantes a las administraciones, independientemente de lugar en el que residen.
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