Democracia, decían...

El sistema electoral español está basado en el decreto-ley de 18 de marzo de 1977, que estableció un doble sistema de elección (proporcional, para el Congreso, y mayoritario, para el Senado), la provincia como circunscripción y unos correctivos en la representación para el Congreso (mínimo de 2 escaños por provincia y máximo de 350).

Sus creadores (Miguel Herrero, Óscar Alzaga, Landelino Lavilla...) lo argumentaron para garantizar un gobierno estable, pero en realidad fue un ejercicio de ingeniería político-electoral (dicho a lo fino) o de manipulación de las reglas del juego en beneficio propio (dicho más claramente) que tenía como objetivo que UCD (el partido de Adolfo Suárez, formado por los más reformistas del régimen franquista y los más moderados de la oposición) consiguiera la mayoría absoluta con el 35% de los votos. Se concedió así una sobrerepresentación a las provincias menos pobladas, las más conservadoras, y una infrarepresentación a las más pobladas, donde la izquierda contaba con mayores apoyos. Favoreció a los partidos con mayor implantación en cada territorio, a la vez que se dificultó la representación de los menores. Esta norma electoral estuvo en vigor hasta 1985 cuando el PSOE impulsó una ley electoral que apoyaron AP (hoy PP) y CiU. Supuso, en la práctica, una ratificación del decreto de 1977, estando vigente en la actualidad.
Partiendo de estos datos, está clara la desigualdad que hay entre unos partidos y otros. Yo no digo que haya que cambiar la ley, pero este problema hay que solucionarlo. Si es la hora del cambio, aquel partido que gobierne en España deberá solucionar este problema. Pero, claro, cómo va a cambiarlo alguien a quien le beneficia tanto esta injusticia. Todo esto favorecerá siempre a los dos primeros partidos de ámbito estatal: el PSOE y el PP; y no favorecerá a los partidos nacionalistas, como se suele decir frecuentemente. IU, que era la tercera fuerza política del conjunto del estado, es la gran perjudicada. La falta de proporcionalidad se debe a que la elección se hace por provincias, con unas correcciones en favor de las menos pobladas; hablamos, por tanto, de un hecho antidemocrático. Los votos de IU que no obtienen representación, que son muchos (750.000 en 2004), dejan de tener expresión política, sin tener en cuenta que dicho grupo podría haber conseguido más votos si la gente hubiera tenido la seguridad de que su voto servía para obtener representación. Qué pena que esto lo piense tanta gente. Dicen, “¿Para que voy a votarles si no va a servir de nada mi voto?”.
Es necesaria una reforma del sistema electoral para hacerlo más proporcional. Una forma podría ser la elección por circunscripciones autonómicas, que, por otra parte, se ajusta más a la realidad político-territorial de España. En todo caso, asignando al ámbito territorial que se considere oportuno para asignar los escaños la proporción real que le corresponden. Las consecuencias de esta propuesta de reforma sobre la vida política serían distintas. Pero, por favor, les pido una cosa, y con esto ya remato. Recuerden este artículo la próxima vez que discutan de política, la próxima vez que vean a nuestro nuevo presidente del gobierno en la televisión o, simplemente, cuando lean, escuchen o visualicen cualquier cosa relacionada con la política de nuestro país. No existe mucha democracia cuando unos votos valen más que otros.