Castilla-La Mancha, la única comunidad que tiene que devolver fondos por la no ejecución de políticas activas de empleo

Hace unas semanas elaboraba un primer artículo de opinión sobre el hachazo del PP a las políticas activas de empleo, y en el que advertía que de continuar esta preocupante senda nos veremos abocados a políticas de empleo de exclusión que dejarán sin protección a las personas con más dificultad y cada vez más alejados del mercado de trabajo.
Los gobiernos del PP, con sus ansías destructoras, han hipotecado las políticas activas de empleo porque no tienen ningún interés en las personas. Su interés, y así ha quedado demostrado, ha estado en dar un cheque en blanco y mantener contentos a los empresarios.

El pasado 3 de diciembre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la distribución de fondos de políticas activas de empleo correspondientes al ejercicio 2015. El PP decidido a hundir a las personas en desempleo de nuestra región y a abocar al desastre a la Consejería de Empleo, no destina este año ni un euro del Estado para políticas activas de empleo. Castilla-La Mancha solo recibe financiación del Fondo Social Europeo (FSE), lo cual mete a nuestra región en un proceso diabólico difícil de explicar por los entresijos y la aridez del tema.
Castilla-La Mancha es de las pocas comunidades que recibimos financiación del Fondo Social Europeo, así lo marca la Comisión Europea porque somos objetivo convergencia, es decir, somos más pobres que las demás. Y el Estado nos castiga sin hacer aportación alguna para políticas de empleo.
Pero no sólo no es que no vamos a recibir fondos del Estado, sino que se nos descontarán en los próximos dos ejercicios 15.594.931 euros de la asignación que nos haga la Conferencia Sectorial para políticas activas de empleo, según establece el apartado 3. de la disposición adicional novena de la Ley 30/2005 de Presupuestos Generales de Estado de 2006.
Castilla-La Mancha es la única región del país con un dato negativo, la única que tenemos que devolver fondos, fenómeno que no se había producido nunca- es decir, debemos justificar más dinero del que recibimos del Estado.
El motivo por el que tenemos que devolver estos más de 15 millones de euros es el resultado de la diferencia entre los 80.000.000 que recibimos del Fondo Social Europeo, y los 64.405.069 que sí que se van a justificar como fondos destinados a políticas activas de empleo.
La mala gestión por parte del Gobierno de Cospedal y la falta de justificación ha ocasionado la disminución de fondos para políticas activas de empleo en nuestra región. El Partido Popular de Castilla-La Mancha no solo permitió unos recortes brutales (del 91%) en políticas activas de empleo, sino que además no ejecutó los escasos programas que mantuvieron –tan solo el Empresa-Empleo denunciado en reiteradas ocasiones por CCOO CLM.
El juego para con Castilla-La Mancha es aún más sucio, pues se destina una cotización en las nóminas de los trabajadores y trabajadoras que se denomina formación profesional, y por tanto su inversión debe ser en fondos para la formación que se distribuyen para las políticas activas de empleo por parte del Estado. Si Castilla-La Mancha recibe solo fondos del FSE, ¿nos ha estafado el Gobierno nuestras cotizaciones destinando el dinero de trabajadores y trabajadoras de nuestra región a otros fines que no son los propios?

Aún quedan más cuestiones a despejar. El Estado está justificando el dinero del Fondo Social Europeo para las bonificaciones de los contratos. Fondos que se reducen permanentemente para las personas en desempleo, las cuales han crecido de forma exponencial pese al discurso victorioso del gobierno. En nuestra región el número de euros invertidos por persona en desempleo es negativo: -68,14 euros. Las y los desempleados de Castilla-La Mancha deberán dinero de políticas de empleo al Estado.

En este escenario, quiero finalizar reafirmando que es imprescindible para nuestro país y nuestra región un cambio de las políticas económicas y en las políticas hacia las personas en desempleo, víctimas de la situación económica y de la actuación de los gobiernos, que las han convertido en paganas de las crisis, recortándoles los fondos para políticas de empleo y ahorrándose muchos millones de euros en prestaciones.