Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación acerca de la “presunta deuda” por importe de 86 millones de euros, la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), puntualiza en una nota de prensa que este 'debe' que ha publicado Hacienda corresponde a la tasa fiscal sobre el juego (que sólo exige a casinos, bingos y máquinas tragaperras) y que “pretende cobrar e una asociación benéfica, mientras que por la misma actividad exime del dicho pago a la ONCE”.
En estos términos, la OID expone que “teniendo en cuenta que la ONCE factura 1.800 millones de euros anuales, si Hacienda le diera el mismo trato fiscal, en diez años también debería aparecer en dicha lista adeudando 2.700 millones de euros”. En segundo lugar, la organización recuerda que tiene más de 135 resoluciones judiciales que amparan y legitiman su actividad de venta de lotería, cumpliendo desde su fecha de constitución -hace más de 26 años, con todas y cada una de sus obligaciones; ya que está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la celebración de la lotería benéfica y desde el primer momento comunicó a la administración el inicio de su actividad. Por todo ello, resume que “la OID cumple con todas y cada una de sus obligaciones legales”.
En tercer lugar, la organización presidida por Dionisio González recalca que “el monopolio de la ONCE está prohibido dentro del ámbito de la Unión Europea, así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la UE”. En el documento remitido a los medios, manifiestan que la ONCE es el último monopolio que queda en España y que fue fundado por el bando nacional golpista en Burgos en 1938.
En cuarto lugar exponen que el último Consejo de Ministros, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, eximió a la ONCE del pago de la Seguridad Social, además de las deudas millonarias que le condonaron en años anteriores. Igualmente, critican que el anterior Gobierno de Aznar le garantizó cubrir las pérdidas de explotación -que algunos años fueron más de 100 millones de euros- más el 3 por ciento de esas pérdida para la Fundación; y, además, le dieron hasta 10 millones anuales para pagar sus préstamos.
El quinto punto alude a que el último Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy “ha autorizado a la ONCE a vender en las oficinas de Correos, en siete países de América y en Europa”, a lo que hay que sumar el pago anual por sus “presuntas” pérdidas. La OID recuerda que da trajo actualmente a más de 3.500 personas con discapacidad comercializando el Euroboleto, por lo que “no deja de sorprendernos que el Gobierno, lejos de reconocer nuestra actividad, nos exija más obligaciones que a otros realizando la misma actividad”.