La consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, y el director general de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Carrillo, se han reunido hoy con representantes de las 15 Plataformas Antidesahucio (PAH) que hay constituidas en Castilla-La Mancha para exponerles el proyecto de creación de una red de oficinas en dependencias de la Junta de Comunidades en cuya creación está trabajando la Consejería en colaboración con diversas instituciones, entidades y colegios profesionales.
Elena de la Cruz ha invitado formalmente a las PAH a participar en el proyecto del Gobierno regional debido al conocimiento que poseen de los casos que requieren una atención más urgente. Aunque todavía está por definir el papel concreto que tendrían las Plataformas en la oficina, esta primera toma de contacto personal ha servido para perfilar las funciones y apoyo que prestarían las PAH en las futuras oficinas, y que la consejera ha definido como “imprescindibles”.
La Consejería de Fomento continúa efectuando gestiones para rematar la creación de esta red, cuyo cometido sería atender desde la administración a las personas en situación de pérdida de su vivienda por ejecución hipotecaria.
Elena de la Cruz ha reiterado que el Gobierno regional, como administración competente en materia de vivienda, trata de poner en marcha un recurso “participativo pero a la vez eficaz”, en el que la Junta de Comunidades “se implique definitivamente en ayudar a los ciudadanos a resolver uno de los más graves problemas que se les pueden presentar en su vida”.
La Consejería ya ha celebrado diversas reuniones con prácticamente todas las instituciones que pueden aportar recursos tanto humanos como técnicos al proyecto. En días pasados, Elena de la Cruz se reunía con los decanos de los colegios de abogados de Guadalajara, Albacete y Toledo para exponerles la necesidad de contar con profesionales dotados de formación jurídica y social en la materia.
Varios ayuntamientos y diputaciones de la región han mostrado públicamente su disposición a colaborar. Según las cifras que obran en poder de la Consejería de Fomento, aproximadamente habría entre 800 y 900 desahucios pendientes en toda Castilla-La Mancha. El Gobierno regional pretende ofrecer un apoyo integral que vaya desde el asesoramiento jurídico para intentar parar posibles lanzamientos hasta la puesta en marcha de recursos habitacionales de emergencia o la activación de recursos sociales.
La consejera desea cerrar todos los contactos posibles "cuanto antes" para que las oficinas inicien de manera inmediata su labor, aunque posteriormente irán creciendo en funciones, además de servir como observatorios para redactar una Ley de Vivienda "a la vanguardia en cuanto a protección de derechos", ha afirmado De la Cruz.