A preguntas de los periodistas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló que estamos ante “una crisis humanitaria”, en referencia los miles de refugiados sirios y de otros puntos de Oriente Medio que buscan una solución a un conflicto bélico que les ha obligado a huir de su país. Catalá dijo que “ahí surge la responsabilidad de los gobiernos europeos, para asumir en un proceso complejo la entrada de familias que no conocen el idioma y cuya integración material no es fácil”.
En esta línea, recordó que la sociedad española, los Ayuntamientos y el gobierno están trabajando juntos para preparar la acogida a estas miles de personas a los que habrá que “reconocer todos los derechos”, y recalcó que “ese es el enfoque al que hay que destinar todos los esfuerzos”.
Estas fueron las palabras del ministro a las preguntas de los medios en Talavera sobre el posible riesgo de ataques yihadistas o a la repercusión en la economía nacional por la entrada de miles de familias sirias.
En otro orden, Catalá dijo que las transferencias en materia de justicia para Castilla-La Mancha son un acuerdo “entre dos”, por lo que dijo que de elevarse esta iniciativa desde el Gobierno regional se buscaría el consenso en el Gobierno central. Aún así, el ministro dijo que “no me consta que el actual Gobierno haya tomado la iniciativa, aunque sé que el anterior no lo hizo”.
Rafael Catalá recordó que el Estado conserva las competencias de cinco Comunidades, entre ellas Baleares, Castilla y León, Murcia y Castilla-La Mancha, aunque apostilló que “si Castilla-La Mancha no los plantea nos sentaremos en la Comisión Mixta de Transferencias a estudiarlo”.