Redacción La Voz del Tajo | Miércoles 17 de junio de 2015
Esta mañana se ha celebrado, y se reanudará a mediados de julio, el juicio por la demanda contencioso-administrativa presentada por CCOO CLM en octubre de 2014 contra el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por las ilegalidades en las que, a juicio del sindicato, incurrió el SESCAM en la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regula “la licitación de la contratación de la concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT)”
Además del SESCAM, el magistrado ha aceptado la petición de una de las tres empresas constructoras adjudicatarias de la mencionada licitación de incorporarse al pleito en la parte demandada.
Tras la presentación por parte del abogado de CCOO de los argumentos de la demanda y expresar su oposición el letrado del SESCAM, se ha pasado a analizar las pruebas documentales, una de las cuales no figuraba en el expediente aportado por la administración demandada. En concreto, la referida a la supuesta negociación llevada a cabo por el SESCAM con las organizaciones sindicales, que CCOO sostiene que no se produjo. En este punto, el juez decidió posponer la vista para que la Administración aporte los documentos referidos a esa supuesta negociación.
El juicio se reanudará a mediados de julio. En ese momento, la Administración demandada habrá ya cambiado de responsables, en el marco del cambio de Gobierno derivado de las pasadas elecciones autonómicas y que previsiblemente comenzará la próxima semana con la investidura como presidente de CLM del socialista Emiliano García Page, en sustitución de la popular Dolores de Cospedal.
Tanto el PSOE de CLM como Podemos-CLM, cuyos dos diputados suman junto a los 15 del PSOE la mayoría absoluta en las nuevas Cortes de CLM, han reiterado en la campaña electoral su compromiso con la Sanidad Pública y ambos suscribieron el “Pacto por una Sanidad Pública, Universal, Gratuita y de Calidad en CLM”, impulsado por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la que forma parte CCOO-Toledo, cuyo secretario general, Jesús García Villaraco, ha asistido a la vista judicial de hoy junto a la responsable provincial de la Federación de Sanidad, Toñi Márquez.
El tercer párrafo de este Pacto compromete a sus firmantes a “Retomar el proyecto del nuevo hospital de Toledo, de tal forma que, desde la gestión pública, incorpore las capacidades y recursos necesarios para ofrecer una respuesta de calidad a las necesidades sanitarias de la población adscrita a su área de influencia a medio y largo plazo”, lo que permite preveer que el nuevo Gobierno adoptará las medidas precisas para revertir las medidas privatizadoras del futuro hospital de Toledo incorporadas por el PP en el Pliego objeto de la demanda de CCOO.
El recurso de CCOO impugna en concreto las cláusulas del Pliego que se refieren a Personal, mediante las cuales el SESCAM iba a transferir a las constructoras adjudicatarias la “gestión funcional” de 307 trabajadores estatutarios que ahora trabajan en el Virgen de la Salud y en Parapléjicos.
Villaraco ha subrayado hoy que “CCOO confía en que su demanda prospere y que una resolución judicial anule a todos los efectos esta transferencia de ‘la gestión funcional’ de 307 trabajadores públicos a una empresa privada (en concreto, a tres constructoras privadas, aliadas para hacerse con el contrato de edificación y gestión durante 30 años del futuro Hospital de Toledo).
Ya en junio de 2014, cuando el SESCAM hizo públicas sus intenciones, CCOO expresó su “rechazo radical” y anunció que opondría “cuantas iniciativas sindicales, judiciales y de cualquier otro tipo sean posibles y necesarias” para impedir que más de 300 trabajadores del SESCAM pasen a depender de una empresa privada. A lo largo de varios meses, hasta la presentación efectiva de la demanda, el sindicato explicó públicamente, en asambleas informativas y en declaraciones y comunicados de prensa, los motivos sindicales y jurídicos en los que fundamentaba su oposición a esta puesta de trabajadores públicos a disposición de empresas privadas.
Entendemos, pues, que las empresas que optaron a la adjudicación ofertada por el SESCAM no podrán echarse las manos a la cabeza ante una eventual sentencia adversa a sus intereses. Sabían dónde se metían y las dudas de legalidad que embargaban el Pliego que reguló “la licitación de la contratación de la concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT)”.
CCOO interpuso su demanda para impedir la ‘privatización’ de trabajadores públicos y evitando que esta iniciativa jurídica afectara al inicio o al desarrollo de las obras de construcción del Hospital. Unas obras que sí son una actividad propia de empresas constructoras. Unas obras que hay que acabar cuanto antes, después de que el Gobierno Cospedal las haya mantenido paralizadas durante todo su mandato.
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