David Martínez | Lunes 18 de mayo de 2015
La fiscalía provincial de Guadalajara, tras la denuncia interpuesta por varios interinos que no fueron readmitidos, ha incoado diligencias de investigación criminal contra la Junta de Comunidades de CLM, por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y falsedad documental, dio a conocer el sindicato STAS.
Los hechos se remontan a enero de 2015 cuando el gobierno de Cospedal decidió hacer caso omiso a la sentencia del TSJ que declaraba “nulas de pleno derecho las Órdenes de 2012, y obligaba a reponer a los funcionarios afectados por motivo de las disposiciones anuladas en los puestos de trabajo que venían ocupando”. Aún así el gobierno regional decidió no readmitir a 73 de los 400 interinos afectados marcando como fecha de cese el concurso de traslados de 2013, la supresión de comisiones de servicio o el cierre de centros posteriores a 2012. Algo que está estudiando la fiscalía al considerar que si se amortizaron estas plazas en 2012 cómo es posible que salieran en el concurso de traslados cuando esas plazas no existían, expone el sindicato en nota de prensa.
La fiscalía ha citado a las partes el próximo día 25 de mayo para tomarles declaración. Por parte de la Junta de Comunidades asistirá la Coordinadora Provincial de los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, María del Carmen González Molina, al ser quien firmó la resolución del cese en diferido, aunque muy probablemente las responsabilidades caerán definitivamente sobre el Director General de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, y en el propio Consejero de Presidencia y AAPP, Leandro Esteban, al ser los máximos responsables de esta decisión. A la vez que se abre esta vía, el reingreso de estos interinos se encuentra pendiente de la resolución del incidente de ejecución que los sindicatos STAS-CLM y UGT interpusieron en el TSJ, sobre este asunto
De esta manera se pone nuevamente de manifiesto "la prepotencia y la mala fe del gobierno regional ante el mayor escándalo de la historia de la Función Pública, que no sólo ha sido condenado por vulnerar la negociación colectiva recogida en el 28,1 de la Constitución Española, sin asumir ninguna responsabilidad política, si no que además hizo todo lo posible por no cumplir la sentencia del TSJ alargando el procedimiento de una forma absurda al recurrir al Tribunal Supremo siendo conscientes de que la jurisprudencia había cambiado (como marcó la resolución del mismo), lo que ha supuesto tener que pagar mucho más dinero de las arcas públicas, cantidad que todavía no ha hecho pública el Gobierno Regional pese a los constantes requerimientos desde la parte social, para acabar interpretando a la misma a su antojo y de una manera tramposa para no readmitir una parte de ellos, algo que al final les puede salir muy caro".
Noticias relacionadas