Redacción La Voz del Tajo | Martes 10 de febrero de 2015
La Intervención General del Estado (IGAE) se ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el informe en el que sostienen que el contrato de basuras adjudicado a Sufi, filial de Sacyr, por el Ayuntamiento de Toledo era "nulo de pleno derecho". Peritos de la IGAE han confirmado el informe que subrayaba que ese contrato pasó en dos meses de costar 6,13 millones a las arcas públicas a 17,4 millones de euros por la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa. Según la IGAE, el contrato que según José Luis Bárcenas se otorgó en 2007 a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros aumentó en 11,3 millones de euros "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".
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