La Diputación agotará la vía jurisdiccional para preservar los intereses de la institución y de los ciudadanos

El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, ha confirmado hoy que la institución va a ejecutar la sentencia del respecto a los trabajadores despedidos del Hospital Provincial, pero ha advertido que el Equipo de Gobierno está en absoluto desacuerdo con la misma, por lo que se van a tomar todas las medidas legales disponibles para preservar los intereses de la institución y de todos los ciudadanos de la provincia.
García-Tizón, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, ha recordado que los trabajadores que el juez obliga a readmitir a la Diputación fueron contratados en su momento en virtud a un convenio entre la Institución provincial y el SESCAM para la prestación de servicios sanitarios en el Hospital Provincial de Toledo, a consecuencia del cual fue necesario aumentar el personal sanitario y administrativo del mismo. Según ha recordado el presidente de la Institución provincial, estos trabajadores contaban con contratos temporales y nunca fueron incluidos en la plantilla de la Diputación de Toledo ni en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), puesto que su relación laboral estaba sujeta al mantenimiento del acuerdo con el SESCAM.

Contratos a dedo por parte del PSOE

Asimismo, ha aclarado que esos trabajadores se seleccionaron a dedo, sin convocatoria pública alguna y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en todas las instituciones públicas. Se trataba, en su mayoría, de personas con una conocida y demostrable relación con el Partido Socialista, que entonces gobernaba en la Diputación de Toledo, hasta el punto de ostentar cargos del PSOE en la provincia o ser familiares directos de los mismos.
García-Tizón ha denunciado que esos contratos temporales a personas muy cercanas al Partido Socialista fueron convertidos en fijos y definitivos el día 18 de mayo de 2011, pocos días antes de las últimas elecciones municipales, sin seguir una vez más ningún tipo de criterio de igualdad de oportunidades y mediante un decreto que el Consejo Consultivo ha considerado nulo de pleno derecho. El objetivo de esas contrataciones fue transformar su relación temporal en indefinidas y, llegado el caso, asegurar la percepción de sustanciosas indemnizaciones a costa del dinero de todos los ciudadanos de la provincia de Toledo si alguna vez tenía que extinguirse la relación laboral con los mismos, como ocurrió cuando concluyó definitivamente el convenio con el SESCAM, como paso previo al traspaso del Hospital Provincial.

La Diputación seguirá defendiendo los intereses de los ciudadanos de la provincia

García-Tizón ha discrepado de la consideración que la jurisdicción social hace de estos despidos, considerándolos como nulos, sobre la base errónea de no contar con más de 193 trabajadores laborales. No obstante, a pesar de esta discrepancia, el presidente de la Diputación ha manifestado que acata la resolución judicial. Ya en fase de ejecución de la sentencia, la Diputación provincial presentó un Incidente de Ejecución, al entender que la misma no se podía cumplir en sus propios términos, teniendo en cuenta que ni existían ya esos puestos de trabajo ni el servicio en el que estaban contratados los trabajadores, pues el Hospital Provincial había sido traspasado al SESCAM, que es quien tiene las competencias sanitarias en Castilla-La Mancha. En este sentido, ha explicado que si bien la resolución recaída en este incidente reconoce que es un hecho cierto que no es posible la readmisión de los trabajadores en su puesto de trabajo, ordena la readmisión en cualquier otro puesto de trabajo con idénticas o similares características a que tenían antes del despido, lo que supone un exceso de jurisdicción, excediendo claramente con esa exigencia sus competencias, que son revisoras pero nunca innovadoras.
Por este motivo, la Diputación Provincial de Toledo va a presentar un recurso de reposición contra el auto que no ha aceptado el incidente de ejecución planteado por la institución provincial y si es necesario acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) y, en su caso, después al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación. Por tanto, agotará la vía jurisdiccional, sin descartar tampoco la presentación de un Conflicto de Jurisdicción, que dirima si en este caso el juez se ha arrogado competencias que corresponden a la administración.
Por último, García-Tizón ha insistido en que evidentemente la sentencia se va a cumplir, como no puede ser de otra manera, sin prejuicio de las medidas legales que la institución provincial va a comenzar en defensa de los intereses de la Diputación de Toledo y de todos los ciudadanos de la provincia, de manera que tampoco se descarta la posibilidad de exigir responsabilidades patrimoniales a la Administración de Justicia.