Allá por finales del 2006, y con el Gobierno de Zapatero, celebrábamos como había llegado a nuestra sociedad una ley, que en su propio fundamento, era un derecho exigible hacia el gobierno. Eso nos argumentaba, un derecho subjetivo para las personas consideradas “dependientes”, y que abarcaba desde niños con discapacidad a mayores enfermos.
Hoy ocho años después de aquella ley, poco queda de la idea originaria, y de uno de los pocos derechos constitucionales con ley orgánica, para su solicitud y defensa jurídica, cosa que al final, con las trabas que se ponen a los ciudadanos, hace muy difícil su acceso.
Porque escribir esto ahora, pues porque hace unos días escuchábamos atónitos como un juzgado ha dado la razón a unos hijos, sobre que su padre, ahora fallecido, tenía derecho a la ley de la dependencia, y ahora recibían una ayuda por los cuidados que su padre tuvo que haber recibido en su momento. Aquella ley que en unos de sus primeros párrafos, en el preámbulo creo recordar, nos decía que la misma ley venia a paliar las necesidades, debido a su enfermedad o su discapacidad, de algunos españoles para poder desarrollar una vida plena y sin ataduras hacia las familias, pero eso debía ser antes de su muerte.
Todo aquello, toda la ley propia, carece ya de significado, si cuando se concede la ayuda o el servicio, este se produce cuando la persona ha fallecido. Una violación de derechos sistemáticamente que se está produciendo en los últimos tres años, a nivel de Castilla La Mancha, y a nivel nacional. Donde se han recortado en el nacimiento del derecho, así como ampliado los plazos de toma de decisiones, y puesto más trabas a los ciudadanos, para sin tener que asumir el derrocar la ley, poder crear una desigualdad, otra vez, entre los que pueden pagar los servicios necesarios, y los que no pueden.
Aunque la propia ley nació viciada en su momento, donde la excepción se convirtió en norma, y las ayudas a las familias en un primer momento debieran ser servicios y prestaciones externas, como centros, ayuda a domicilio, servicio de comidas, etc., en muchas comunidades autónomos se generalizo con las ayudas a familias directamente, y dar de alta a una persona que cuidaba o hacia las veces de cuidador principal de la persona dependiente. En los últimos años hemos visto como altos cargos del ministerio o de las administraciones, han criticado duramente esta medida, atacando a los cuidadores como que solo buscaban el “sueldecito” para poder vivir bien, y no trabajar.
Critica dura, pues cuando hablamos de una madres o padre, con un hijo o hija con síndrome de Down, o quizás Autismo, me pregunto cuántos padres y madres se alegraron de la discapacidad de sus hijos o hijas, para tener un “sueldecito”. Cuantas familias les hubiera gustado que su hijo o hija, por salud, por bienestar, no tuvieran que depender de ayudas, ya que no tuvieran algún tipo de discapacidad o enfermedad. Me parece aberrante que estas afirmaciones puedan hacerse desde los ministerios, que tienen que defender la igualdad de trato entre las personas.
Pero lejos de aquellas que piensan que las ayudas sociales no debieran existir, para que la brecha de desigualdad sea mayor, concreto con la Ley del gobierno socialista, que en su primera medida de atención social y acompañamiento, preveía la creación indirectamente de alrededor de 600.000 puestos de trabajo, y que estudios de los defensores de la ley, nos dicen que por cada euro que el gobierno invierte en la dependencia, se devuelve al estado un euro y medio. Todavía me pregunto, ¿cuál es el problema que actualmente tiene el gobierno de nuestra nación y de nuestra región, para poder aplicar esta ley, tan necesaria para los que sufren, generadora de puestos de trabajo y que al Estado le devuelve más de lo que invierte?
Siempre desde el propio gobierno nos han defendido que esta ley es muy cara, que de aplicarse, debiéramos recortar en otros lugares, y durante estos años de crisis, recuperar instituciones como la banca, o la propia corrupción, y al final, este articulo sea un poco la voz de aquellos que no la tienen, un reivindicación que quizás la ley de la dependencia no es por dinero, sino por dejar claro de una vez por todas, que siempre habrá ricos con acceso a todo y pobres con necesidad de todo.
Antes de despedirnos, como siempre haciéndolo en positivo, quiero ver que hace ocho años estábamos peor que ahora, y que con el esfuerzo de todos, podemos conseguir una sociedad más justa, y sobre todo con aquellos con “capacidades diferentes” que nunca eligieron tener una “paga” o “sueldecillo” a costa de perder capacidades, ellos no pudieron elegir, nosotros si podemos ayudarles.