Ya ha empezado

Es muy normal que los nuevos gobiernos tarden un tiempo hasta adaptarse a las circunstancias y que lo mismo suceda con los que engrosan la oposición.

Existe una norma no escrita que da un plazo de 100 días antes de empezar a valorar los actos que van definiendo la política de los gobiernos que empiezan. Una norma que se pasa por alto muchas veces y que bien pensado es una solemne tontería.

Si nos atenemos a las primeras medidas tomadas por el gobierno de la Sra. Cospedal, como la supresión del consejo económico y social, la supresión de la figura del defensor del pueblo y la disminución o eliminación de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales, sería un tanto irresponsable dejar pasar 100 días para valorar estas medidas como sumamente reveladoras de lo que será la política de derechas que nos tocará sufrir. Estas medias suponen la eliminación de sistemas de control de los poderes, lo que nunca puede ser tenido como algo bueno, ni aun cuando pudiera suponer un gran ahorro, que ya adelanto que no es el caso. No es por ahorro por lo que se hace, sino por conseguir la inmunidad que tanto gusta a los dirigentes del PP, (véase Valencia).

La demagogia barata es muy dada a demonizar a los sindicatos y olvidar cual ha sido y es su papal en el sistema democrático que disfrutamos. Quitar subvenciones a los sindicatos y no hacerlo a la iglesia, a fundaciones de oscuras dedicaciones, a asociaciones nominales pero sin ninguna actividad, a colegios profesionales de dudosa honradez etc., etc., es una medida que atenta directamente contra uno de los pilares de la defensa de los trabajadores, de la representación en las empresas, de la estructura de un sistema democrático.

La cuestión es tan grave, que pasar de puntillas sobre ello, es una temeridad inadmisible. Puede que los sindicatos se hayan excedido en sus competencias, o que hayan malgastado mucho dinero que han recibido, pero descapitalizarlos es un error y un acto que bajo el sacrosanto ahorro de la administración, persigue eliminar las voces discordantes, los controles sociales, la representación del colectivo laboral. En definitiva es un atentado en toda regla contra unas instituciones que, con errores incluidos, son vitales para la higiene democrática de la región. Muy mal empezamos. Si a esto añadimos que gran parte de los nuevos consejeros proceden de instancias gubernamentales de la comunidad de Madrid, incluida la presidenta Cospedal, la conclusión es clara. Nos esperan políticas similares a la de la Sra. Aguirre, que está privatizando la sanidad, concediendo a mansalva escuelas a los sectores más duros del a iglesia, controlando de forma vil los medios de comunicación y desmantelando cualquier atisbo de estado de bienestar que pudiera haber.

No ha pasado una semana y ya empiezan a mostrar muy a las claras, con arrogancia, sus cartas. Pero a muchos esto no nos pilla de sorpresa. Veremos como sigue el derribo.