Los sindicatos CCOO, STAS, UGT y CSIF convocan movilizaciones contra esta nueva "tropelía" del Ejecutivo de CLM y en defensa de los servicios públicos y de los empleados públicos
Redacción La Voz del Tajo | Viernes 05 de diciembre de 2014
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado a los sindicatos el próximo día 16 para promover la amortización de 773 plazas de la administración autonómica: las 670 que ya suprimió en agosto de 2012 –supresión anulada por el TSJ- y otras 103 más.
Esta iniciativa del Gobierno de CLM ha indignado a los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de la Función Pública, CCOO, CSIF, UGT y STAS CLM, que han exigido la retirada inmediata de la convocatoria. Los sindicatos recuerdan que el TSJ CLM no sólo "anuló las amortizaciones de puestos de trabajo de 2012, sino que también ordenó reincorporar a los 393 interinos despedidos a consecuencia de aquel acto ilegal, además de pagarles los salarios que han dejado de percibir desde entonces".
El Gobierno de Cospedal, sin embargo, "ni ha pagado ni ha reincorporado a nadie", señalan en nota de prensa. De la misma forma, informan que tampoco ha citado a los sindicatos para analizar las fórmulas para hacerlo, sino que por el contrario, les ha convocado para "volver a suprimir las plazas de los afectados y, en una soberana muestra de soberbia, suprimir además otras 103 plazas más".
"Para mayor escarnio", la ingente documentación enviada por el Ejecutivo –que incluye, por ejemplo, actas de reuniones de la Mesa Sectorial de 2010- sólo aporta en realidad para justificar su decisión un informe genérico de la consejería de Hacienda, "tanto más incongruente cuanto que el Gobierno de Cospedal lleva meses asegurando que ya estamos en plena recuperación económica”, critican.
En rueda de prensa conjunta celebrada esta mañana, los representantes de los cuatro sindicatos citados han reiterado “la absoluta necesidad de dimisión” de los responsables de las decisiones que, desde agosto de 2012 hasta ahora, han llevado a esta situación: el director general de Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, el consejero de Presidencia, Leandro Esteban; y la propia presidenta de CLM, Dolores de Cospedal, que “se chulean de los empleados públicos, de los ciudadanos y hasta de los tribunales”.
Beatriz Tormo, de UGT, les ha acusado de pretender “morir matando”, ante la posible derrota electoral del PP en las próximas elecciones autonómicas. Gustavo Fabra, del STAS, les ha advertido de que “se están metiendo en un jardín del que pueden salir escaldados”, porque, explicó, con su proceder están motivando la presentación de demandas de los interinos afectados para reclamar daños y perjuicios; además de propiciar otras iniciativas civiles o penales por prevaricación y malversación de fondos públicos –cada día que pasa, la deuda de la Administración de CLM con los interinos se incrementa en 30.000 euros-; así como la exigencia de responsabilidades patrimoniales.
Tampoco los sindicatos descartan ninguna iniciativa judicial si en el plazo de dos meses de ejecución voluntaria de la sentencia, que ya es firme, el Ejecutivo sigue sin cumplirla en los términos expresos por el TSJ. “No vamos a permitir que se pasen el ordenamiento jurídico y la ley por donde les da la gana”, dijo Fabra.
De momento, los sindicatos han convocado una asamblea general el martes que viene, para planificar un calendario de movilizaciones; que comenzarán de entrada con sendas concentraciones, el miércoles y viernes, frente “a la nueva agresión del Gobierno, aún mayor que la de agosto de 2012. Cuando creíamos que el escenario era ya imposible de superar, el Gobierno de Cospedal lo ha superado”, indicó Ramón González, de CCOO.
“Si ellos quieren morir matando, nosotros moriremos defendiendo los puestos de trabajo que nunca debieron suprimirse; defendiendo los servicios públicos, el empleo público y el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos”, recalcó González.
El responsable de CCOO garantizó que los sindicatos responderán “con la máxima unidad, y con lo que sea necesario, para poner punto y final a este conflicto, aunque visto lo visto la solución no llegará hasta que María Dolores de Cospedal no desocupe el Palacio de Fuensalida”.
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