El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado ejecutada la sentencia por parte del Ayuntamiento en lo referente a la valoración y catalogación de puestos de trabajo, considerando que está “ajustada a derecho”, según informó la concejala de Personal, María de los Ángeles Núñez. De esta forma, el Alto Tribunal regional rechaza las pretensiones del colectivo de bomberos y traslada una gran tranquilidad a los funcionarios y trabajadores públicos. La anterior sentencia anulaba el acuerdo del 6 de febrero de 2007, por el que se aprobó la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de ese año, así como el acuerdo plenario de 6 de junio de 2006, que daba el visto bueno a los trabajos de catalogación y valoración de los puestos.
Sin embargo, los demandantes denunciaron que el complemento específico se fijó de forma indiscriminada para todos por igual sin un análisis pormenorizado puesto a puesto, generalizando el complemento específico. Igualmente, reclamaron que faltaba documentación que la empresa contratada por el Ayuntamiento no había facilitado. Al no ser admitido el recurso de casación del Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo, en sesión plenaria se ratificó la nulidad de los acuerdos de 2007 y 2006 y pasó a reclamarse a la empresa consultora que realizó la valoración los documentos omitidos.
Con esa documentación, que contenía los factores, niveles económicos a los efectos de adaptación de la legalidad del acuerdo de valoración de puestos, y la aprobación, con efectos de 1 de enero de 2007 de la relación de puestos, convalidando el acuerdo de pleno de 6 de febrero de 2007. Así, el Gobierno local asumió el compromiso de considerar dicha valoración como un documento que debería subsanar y mejorar, contando con la representación sindical. Aunque los demandantes consideraron que no se cumplía la sentencia y solicitaron la anulación del acuerdo anterior, el Ayuntamiento tomó la relación de puestos de trabajo anterior a la anulada, de 2006, y realizó una actualización con los incrementos presupuestarios anuales, acordado el 6 de junio de 2013.
De la misma forma, se nombró una comisión técnica -compuesta por el técnico de administración general, el oficial mayor y el secretario general- para revisar la relación de puestos de trabajo y subsanar esa generalización del complemento específico, que se acordó el 25 de julio de 2013. De forma paralela, según informó Núñez, se contrató a una empresa externa para realizar una relación de puestos de trabajo definitiva. En su parte dispositiva, el tribunal rechaza las pretensiones de la parte actora -los bomberos- y considera que ha habido una nueva valoración y que no hay evidencia alguna de que no sea real. Los bomberos tienen cinco días para recurrir ante la sala del TSJ.