El viceportavoz municipal, Jaime Ramos, dio a conocer que el próximo 17 de julio se reunirán con representantes y jurídicos de Apovata (Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera) para analizar la reciente sentencia del Tribunal Supremo -tras un caso en Badajoz- por el que impide cobrar el IBI urbano en suelo con esta calificación pero que aún está por desarrollar. Al encuentro estarán invitados también los dos partidos en la oposición, PSOE e IU, además de servicios técnicos y jurídicos municipales.
Debido a la repercusión de este asunto se estudiará su aplicación en Talavera, una reclamación que Apovata y algunos propietarios a título personal vienen solicitando. Al respecto, Ramos señaló que muchos de ellos en tiempos de bonanza pidieron la recalificación de los terrenos como urbanizables. El Consistorio se ha prestado al diálogo debido al momento económico tan complicado de la actualidad, y Ramos recordó que ya se reunieron con el Colegio de Arquitectos de Toledo para realizar una modificación parcial del POM, ya que “no se desarrolla ningún Plan de Actuación Urbanística ni a corto ni a medio plazo”. Igualmente, se refirió a la bonificación que se incluyó en la ordenanza municipal con bonificaciones de hasta el 70% para estos terrenos, según su mayor o menor cercanía con el núcleo de la ciudad.
En esta línea, el viceportavoz manifestó que el 30% que hay que pagar, en los casos de mayor bonificación, en otro tipo de calificación puede ser mayor aplicando la sentencia del Supremo.
Recientemente, Apovata presentó en el Registro General del Ayuntamiento 71 solicitudes demandando queno se cobre el IBI urbano en terrenos clasificados como urbanizables pero que se encuentran en situación rural. El concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo, ya ha manifestado que se sentarán a dialogar, ya que hasta que no haya un cambio normativo en el Catastro no se hará nada, porque se estaría incurriendo en “prevaricación”. De esta forma, el asunto queda en manos de la actuación de la jurisprudencia o si se modifica la ley en función de la sentencia del Tribunal Supremo. Por estos terrenos el Consistorio recaudará alrededor de 400.000 euros; una posible devolución afectaría a los tributos cobrados desde 2013, de los que habría que descontar las bonificaciones.