Irene González Moreno | Miércoles 23 de abril de 2014
La Comisión de Movilidad ha celebrado recientemente una reunión en la que se han dado a conocer los informes elaborados por el interventor, el secretario y el economista del Ayuntamiento sobre la viabilidad de recuperar la gestión directa del servicio de autobuses urbanos y que desaconsejan tal medida, como ha señalado en rueda de prensa el concejal del área, Rafael Perezagua. El también portavoz del equipo de Gobierno ha recordado que los informes que han redactado los técnicos municipales responden al acuerdo plenario de octubre de 2013, cuando se aprobó una moción del Grupo Municipal de IU para solicitar los informes sobre la viabilidad de gestionar de manera directa el servicio de transporte público. Perezagua ha explicado que es la primera vez que se lleva a cabo un debate de estas características para estudiar el modelo de gestión de los servicios municipales y ha precisado que los tres informes son coincidentes al considerar que en estos momentos no es oportuno el cambio de modelo y se aconseja el mantenimiento del actual sistema concesional.
Incertidumbres
Los informes de los técnicos municipales precisan las “incertidumbres” que supondría el modelo directo y las dificultades jurídicas, legales, administrativas y económicas que eso acarrea, toda vez que no se permite la creación de una empresa y la gestión debería ser asumida por los servicios municipales, una tramitación “que demoraría su puesta en funcionamiento”, como reza el informe del interventor. La Intervención también señala que la medida “podría tener repercusiones negativas sobre la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de endeudamiento” y advierte de que la financiación de los costes de primer establecimiento “no está garantizada, al depender de la posible formalización de una operación de crédito”. Además, los costes de explotación “se incrementarían por la pérdida de economías de escala”.
También es exhaustivo el informe elaborado por el economista, que coincide en señalar las repercusiones negativas en la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y endeudamiento y lo elevado de los costes de explotación. En el caso del estudio de la Secretaría se destaca que en la práctica “sería imposible obtener las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento del servicio y sería inviable la ampliación de la plantilla y el incremento de las dotaciones debido al plan de ajuste”.
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