LOCAL

Alcaldes y portavoces del PSOE del partido judicial podrían impugnar la reforma de la Ley Local

Javier Fernández | Miércoles 23 de abril de 2014

Un nutrido grupo de alcaldes y portavoces del Partido Socialista se reunieron en la sede del PSOE talaverano para estudiar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la reforma de la Administración Local, una inciativa puesta en marcha por este grupo a nivel federal. El objetivo del PSOE es “tumbar” la reforma siguiendo los trámites administrativos para la presentación de un recurso, informó el secretario general del PSOE de Talavera, José Gutiérrez. Un total de 70 alcaldes y portavoces fueron convocados a este acto, con la intención de “defender los intereses de los municipios”, así como de buscar el que Talavera “recupere el liderazgo que nunca debería haber perdido”, continuó.

El apoyo es fudamental en la consecución de sus objetivos, para lo que necesitan que se apruebe por un séptimo de los ayuntamientos de España y en éstos estén representados un sexto de la población. Gutiérrez quiso avanzar que de aprobarse y entrar en vigor esta ley podrían perder su autonomía las EATIM de Gamonal, Talavera La Nueva y El Casar, así como muchas competencias de localidades de la comarca pasarían al Ejecutivo regional o a la Diputación provincial.

En otro orden, el diputado provincial y teniente de alcalde de San Bartolomé de las Abiertas, David Talavera, negó que esta medida legislativa supone el ahorro que está “vendiendo” el PP, sino que restará competencias municipales para que pasen a la institución provincial. Entre las medidas más importantes que recoge esta ley, Talavera destacó: la desaparición de las EATIM si no presentan sus cuentas antes de finalizar el año, pérdida de competencias a favor de las Diputaciones, posible fusión entre municipios, reforzamiento de la función interventora, favorecimiento de la iniciativa público-privada de servicios que se prestan, transparencia en la gestión de la política municipal, reforzamiento de la función interventora, y patrimonialización del suelo público para pagar la deuda.

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