La Diputación investiga posibles irregularidades en la gestión del Consistorio de Puerto de San Vicente

La Diputación de Toledo actuará de oficio en las posibles irregularidades en el Ayuntamiento de Puerto de San Vicente, según avanzó el diputado director del Área de Cooperación e Infraestructuras de la institución provincial, Francisco Fernández, quien ordenó a los servicios técnicos de los departamentos de Arquitectura, Infraestructura urbana e hidráulica, la apertura de una inspección para determinar el nivel de ejecución de las obras realizadas por este Consistorio a través de los programas de inversión de la Diputación.

La Diputación actuará de oficio para determinar el destino final de las ayudas concedidas al municipio desde el año 2008, en líneas como Planes Provinciales, Planes Especiales, Plan 500 o Ayudas a Municipios. Las denuncias de un grupo de vecinos lleva a la institución a defender sus intereses en aras de “la debida transparencia de las administraciones públicas y por la buena gestión de los recursos de todos los toledanos”, dijo Fernández. Con esta inspección se pretende averiguar si ha existido falsedad documental en la justificación de las obras aprobadas por el Ayuntamiento y verificar si estas obras justificadas se han materializado.

El vicepresidente de la Diputación, Jaime Ramos, explicó que “se había detectado que algo no funcionaba bien”, ya que la alcaldesa y su secretario-asesor decidieron renunciar a las subvenciones que la Diputación habían concedido a la localidad en el último ejercicio, siendo “el primer pueblo que lo hace”.

Una veintena de vecinos y descendientes de Puerto de San Vicente fueron quienes destaparon estas presuntas irregularidades, indicando que entre los años 2009 y 2011 el Ayuntamiento no presentó sus números al Tribunal de Cuentas. Se habla de una deuda de 641.000 euros en un municipio de menos de 200 habitantes. Este colectivo afectado declaró haber pedido al equipo de Gobierno que mostraran sus nóminas y dietas, responsabilizando a la alcaldesa, Felicidad Oliva, y al concejal de Hacienda, Antonio de Marcos. A través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) han comprobado como las subvenciones concedidas por la Diputación para determinadas obras no se han invertido ni realizado, como los 35.000 euros para la pavimentación de dos calles, los 6.000 para la edición de un libro o 1.600 para la adquisición de material informático.

De la misma forma, los vecinos exigen conocer los sueldos y dietas que cobran la alcaldesa y el mencionado concejal, denunciando que De Marcos cobra 4.000 euros entre sueldo y complementos, así como la primera edil ingresó 2.500 euros por kilometraje.

ALCALDESA. En un comunicado oficial, la alcaldesa informó de que la representante de esta queja fue contestada y se pusieron a su disposición todas las cuentas del Ayuntamientos y los expedientes desde el año 2007, aunque el plazo de información pública había expirado. Igualmente, dio a conocer que el concejal de Hacienda, “a título particular, ha encargado una Auditoría de la gestión económica y administrativa del Ayuntamiento de los últimos cinco años”. Finalmente, Oliva expone que se tomarán las medidas administrativas y legales oportunas para los intereses del Consistorio y de la honorabilidad de las personas que lo gestionan.