Coinciden en que alejará la administración y reducirá competencias en pro de la privatización de servicios
Javier Fernández | Miércoles 23 de abril de 2014
Casi dos centenares de personas se concentraron en la Plaza del Pan de Talavera para mostrar su rechazo a la Ley para la Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que “previsiblemente, se aprobará el 19 de diciembre”, dijo la portavoz de IU, Sonsoles Arnao. Desde este partido sentenciaron que “el PP pretende la demolición de los poderes democráticos locales con una ley anti ayuntamientos y que vulnera el principio de autonomía local”. Arnao señaló que se “van a eliminar competencias municipales y reforzará el poder de las Diputaciones”, añadiendo que los pueblos más pequeños se verán afectados.
“Bajo los eufemismos del coste de los servicios y la sostenibilidad de la administración, se esconde el poder de la autonomía local y es la puerta de entrada a la privatización de los servicios públicos”, subrayó. La representante de IU insistió en que el Ministerio de Hacienda va a “tutelar, vigilar y controlar a los ayuntamientos” con la imposición de un plan económico y financiero que “el que no cumpla quedará eliminado o fusionado a otro”.
La socialista Flora Bellón defendió “la política de proximidad de los ayuntamientos” y criticó que la ley “tumba la autonomía de los mismos y dejan de tener competencias de servicios sociales”. Para el PSOE esta medida supondrá un retroceso de 30 o 40 años, además de que aleja la administración al ciudadano”. Bellón lamentó la no asistencia del alcalde, Gonzalo Lago, a la convocatoria y lo convirtió en “cómplice” del desmantelamiento de los servicios sociales.
Los sindicatos también se sumaron a la causa. Antonio Gazapo, delegado sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Talavera añadió que “perdemos la capacidad de negociación laboral de hasta ahora, así como derechos salariales y condiciones de trabajo”. Sin embargo, alegó que “el PP ha decidido que gestiona a base de decretazos”. El secretario comarcal de UGT, José María García, rechazó este “ataque a los derechos fundamentales de habitantes” y señaló que “ya no se elegirá a quien decide el futuro de los ciudadanos, ahora Cospedal y Tizón marcarán las directrices de cómo deben funcionar los servicios públicos”.
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