La Plataforma en defensa del Tajo presenta una nueva queja ante la Comisión Europea por la aprobación de la Ley de Impacto Ambiental

Esta misma mañana, apenas unas horas después de que finalizase su tramitación en el Senado, la Plataforma ha procedido a formalizar una nueva queja ante la Comisión Europea por la modificación y nueva regulación que introduce el memorándum del trasvase Tajo-Segura, torpemente empotrado en la ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

Desde la Plataforma constataron que "con la inclusión del memorándum por la puerta de atrás de la referida ley, se vulneran los principios básicos de un Estado democrático, se incumple la legislación de aguas acorde con la Directiva Marco de la Unión Europea, y se pasa por encima los impactos que el trasvase tiene (y tendrá de forma acentuada) sobre los espacios de la Red Natura 2000". Son los mismos argumentos que planteaban ayer en el pleno del Senado todas las fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular, señalan en nota de prensa.

Esta queja se suma a la presentada hace poco más de un mes también por la Plataforma, ya admitida a trámite en Bruselas. Desde la Plataforma aseguran que "hacemos y haremos todo lo posible para revertir la gestión del Tajo, un río al que el gobierno de España, con el ministro Cañete a la cabeza, quiere dejar completamente al servicio de los intereses económicos particulares de los grupos de presión del Levante, obviando cualquier posibilidad de recuperación". Para el gobierno de España, con la ayuda cómplice del gobierno de Castilla-La Mancha, "el Tajo es un río desahuciado cuya única riqueza está en el agua a trasvasar", subrayaron.

En el memorándum, en la inclusión de las enmiendas a la ley de Evaluación Ambiental, "el Partido Popular se ha comportado como una mera correa de transmisión de los intereses particulares de los regantes del trasvase. Ellos han elaborado el memorándum, el aparataje jurídico, y diputados y senadores afines se han encargado de la tramitación. Es indigno de un Estado que se dice de Derecho, que los intereses económicos particulares (no el interés general) dicten la política de Aguas, dejando arrinconado el verdadero interés general, el que reconoce la Ley, que es el de los ciudadanos de la propia cuenca del Tajo, nuestros usos, la necesidad de un río ecológicamente conforme a Derecho", continuaron.

Los portavoces de la Plataforma acudieron al Senado para comprobar "cómo se perpetraba un nuevo latrocinio con el Tajo. Queremos agradecer la invitación al Partido Castellano y a Coalición Canaria. Especialmente al senador por la isla de El Hierro, Narvay Quintero, que puso voz en el pleno a las peticiones de la Plataforma de Talavera".

"Mientras un senador canario defendía al Tajo y el Alberche, desgranaba uno por uno los impactos que la modificación del Tajo-Segura traerá para la ya muy maltrecha salud del Tajo, los senadores del Partido Popular de Castilla-La Mancha aplaudían a rabiar las intervenciones del portavoz de su propio partido que defendía, como levantino, los intereses concretos de sus regantes. Es muy probable que los senadores del partido Popular de Castilla-La Mancha –que votaron sin fisuras a favor del memorándum y en contra del Tajo– no quieran conocer las implicaciones que esta nueva vuelta de tuerca al trasvase Tajo-Segura y a la ley de Aguas traerá no sólo para la cabecera del Tajo, sino para el propio Tajo hasta Talavera e incluso los propios Júcar y Segura. Quizá tengan bastante con aplaudir y jalear una ley insolidaria con Castilla-La Mancha. Lo que sí es evidente, a la luz de lo acaecido con el memorándum, es que en Castilla-La Mancha en materia de ríos y agua estamos al albur y dictado de los intereses particulares del Levante. Mientras, nuestro gobierno regional, nuestros diputados en Cortes y senadores del Partido Popular, son meros comparsas. Algo falla profundamente en los esquemas de la representación ciudadana cuando nuestros –teóricos– representantes traicionan tan flagrantemente a Castilla-La Mancha", finaliza la nota remitida a los medios de comunicación.