La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, se ha concentrado este viernes a las puertas de las subdelegaciones del Gobierno "para reclamar la subida salarial pendiente desde el año pasado, un nuevo acuerdo retributivo, la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos en diferentes ámbitos y el fin de los recortes en Castilla-La Mancha". -Ver imágenes al final de la noticia-
Para CSIF resulta "inadmisible" que todavía esté pendiente la subida del 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2024 y que encima este abono dependa de que cómo evolucione la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, tal y como manifestó ayer el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. “Los empleados públicos no podemos estar a merced de la inestabilidad política de un Gobierno que es incapaz de presentar Presupuestos”, ha señalado Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha.
Así, CSIF exige que se aplique de manera inmediata la subida pendiente del 0,5 por ciento adicional por la vía del Real Decreto, tal y como se hizo la semana pasada en el caso del personal militar. Esta fórmula también se podría aplicar para la subida de 2025 y la oferta de empleo público aún pendiente.
Los empleados públicos han perdido un 9 por ciento desde 2022 y más de un 20 por ciento desde los recortes de 2010, y ello en una comunidad autónoma que ha padecido la inflación más alta de toda España durante muchos meses en 2021 y 2022.
CSIF reclama un nuevo acuerdo salarial, que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, y que se recupere la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra que nos quitaron.
CSIF reclama la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición; implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo; equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas; mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas, y asegurar la continuidad del mutualismo administrativo.
La Central Sindical ha retomado contactos con el Ministerio de Función Pública con voluntad constructiva para alcanzar el mejor acuerdo posible para el conjunto de empleadas y empleados públicos, que merecen un reconocimiento y una compensación por su trabajo, pero se siguen sin concretar mejoras salvo la jubilación parcial, que para los empleados públicos se retrasará como mínimo hasta el último trimestre de este año por la falta de previsión del Gobierno. CSIF ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de sus afiliados que se vean afectados por este retraso.
CSIF señala las restricciones en la incorporación de profesionales en el Sescam (no se cubren la totalidad de las bajas, vacantes, vacaciones o permisos generando graves problemas, con plantillas superadas y dilación en los tiempos de atención asistencial), escuelas infantiles, centros educativos y centros dependientes de Bienestar Social, como las residencias de mayores.
Y por delante, una Ley de la Simplificación Administrativa que supondrá la privatización de los servicios públicos de la región. En lugar de aumentar las plantillas dedicadas a la sanidad, los servicios sociales, medio ambiente, cultura o empleo, entre otros, se da entrada a empresas privadas a cualquier ámbito público para llevar a cabo procedimientos administrativos.
La temporalidad, otra forma de precariedad laboral, también es un enorme mal en la Función Pública de la región. Los últimos datos del Boletín Estadístico al Servicio de las Administraciones Públicas, relativos a julio de 2024, muestran que el 40% de trabajadores públicos de la región son temporales: más de 21.900 trabajadores de administraciones locales, más de 20.700 profesionales de ámbitos sanitarios o más de 10.300 docentes interinos.
Además, continuamos con la carrera profesional paralizada en el Sescam siendo la única comunidad autónoma que tiene este derecho congelado; en Educación, sólo cobran el verano los interinos a los que se les adjudique, durante el mes de septiembre y octubre, una plaza para todo el curso. Asimismo, el Plan de Acción Social, instaurado en 1988, continúa eliminado desde la época de Cospedal.
“Sufrimos los recortes de Page-Cospedal: es triste que a pesar del cambio de color político en 2015 al frente de la Junta de Comunidades, tengamos que seguir hablando de ambos presidentes autonómicos en los mismos términos negativos”, concluye Domínguez.
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