El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado al Ejecutivo central la implementación inmediata de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, tras el reciente respaldo del Tribunal Supremo al Plan Hidrológico del Tajo. La petición ha sido realizada por la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El pasado 20 de enero, el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Plan Hidrológico, una decisión que se suma a fallos anteriores contra recursos similares interpuestos por la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid a través del Canal de Isabel II, y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
EXIGENCIA DE CUMPLIENTO DE LOS PLAZOS
Padilla ha recordado que el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado hace casi dos años, incluía un plazo hasta julio de 2023 para la aprobación de las nuevas reglas de explotación y su entrada en vigor en febrero de 2024. Sin embargo, hasta la fecha, estas no se han implementado.
"No entendemos cómo los plazos que el propio Gobierno fijó no se han cumplido, sobre todo cuando el Tribunal Supremo ha avalado repetidamente la necesidad de establecer caudales ecológicos y nuevas reglas de explotación", ha manifestado la portavoz.
Padilla subraya que la demora en la aplicación de las nuevas medidas "no es inocua". Según afirma, durante los 12 meses de retraso se ha trasvasado un volumen de agua que no habría sido posible bajo las nuevas reglas. Además, señaló que la falta de aprobación de estas normas ha influido en la validación de los planes de sequía de las confederaciones hidrográficas del Tajo, Segura y Júcar, que continúan utilizando el trasvase como solución.
Ante esta situación, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ofrecido su colaboración para acelerar el proceso. Padilla afirma que "no hay excusas ni motivos" para seguir retrasando la puesta en marcha de las nuevas reglas, y que la Junta está dispuesta a trabajar conjuntamente con el Gobierno central para garantizar que se cumpla lo establecido por la ley.
"La aprobación de estas reglas no es solo una cuestión técnica, es una obligación legal que debe cumplirse", ha concluido Padilla, haciendo hincapié en que los informes necesarios ya están disponibles y deberían ser conocidos.
Con esta postura firme, Castilla-La Mancha reitera su compromiso en la defensa del agua y la sostenibilidad de sus recursos hídricos.
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