En mayo de 2020, en pleno impacto de la crisis sanitaria, el propietario del aeropuerto de Ciudad Real,
Rafael Gómez Arribas, buscó que el Gobierno de
Pedro Sánchez aceptara perdonar el crédito pendiente con el
Instituto de Crédito Oficial (ICO), según
adelanta el diario ABC. Gómez Arribas habría recurrido al empresario y comisionista
Víctor de Aldama, investigado en el caso Rodio, para tratar de negociar esta solución financiera, ofreciendo como alternativa el arrendamiento de las
2.300 hectáreas del aeropuerto y destacando su conexión con dos líneas de alta velocidad ferroviaria.
En ese momento, Ciudad Real International Airport (CRIA), la empresa del ingeniero Gómez, gestionaba con el Ejecutivo un contrato de transporte entre la Junta de Castilla-La Mancha, el ICO y el propio aeropuerto, en un intento por trasladar parte de las actividades de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) al aeródromo manchego. Fuentes cercanas al proceso señalan que en una carta entregada a Aldama, supuestamente intermediada por Ricardo García, exjefe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), se exponía la necesidad de alcanzar un acuerdo con urgencia para sanear la empresa y cubrir las pérdidas con el fondo de inversión.
A pesar de que el aeropuerto se encontraba cerrado a vuelos regulares, la gestión de Gómez Arribas había invertido más de 24 millones de euros en nuevas actividades vinculadas con la industria aeronáutica y servicios auxiliares. La estrategia de la empresa destacaba la fortaleza de la superficie en propiedad frente a otras terminales, pero señalaba también la necesidad de financiación como una debilidad importante.
El informe interno de CRIA, enviado al Ministerio de Fomento junto a la carta, calculaba que las nuevas oportunidades de inversión y el desarrollo de la infraestructura permitirían su viabilidad a largo plazo, proyectando un capital de inversión suficiente para sostener el aeropuerto durante la próxima década.
La solicitud de refinanciación coincidió con un momento crítico para el sector aeronáutico, que permanecía paralizado por la pandemia y con una movilidad que apenas comenzaba a recuperarse tras los meses más duros del confinamiento. CRIA aún debía al ICO 11 millones de euros y, ante la imposibilidad de afrontar el pago, trató de solventar su situación financiera proponiendo el arrendamiento de la infraestructura a empresas extranjeras. Gómez Arribas explicó que las expectativas de crecimiento del aeropuerto se desplomaron tras el estallido de la pandemia, lo que le impidió cumplir con las cuotas del crédito.
Los fondos recibidos durante la primera fase de la crisis permitieron mantener el aeropuerto operativo, aunque con una actividad muy limitada.
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