Este domingo sobre las 10.00 horas de la mañana, un hombre tapado con un pañuelo se coló en el polideportivo de Mocejón (Toledo) y asesinó a Mateo, un niño de 11 años que se encontraba jugando al fútbol con otros niños.
La investigación para encontrar al homicida está abierta y según adelanta 'ElDigital' varias fuentes afirman que las pesquisas avanzan positivamente y esperan que puedan concretarse en detenciones con la mayor brevedad posible.
Además, desde el mismo medio aseguran que este lunes ya no se hayan movilizado unidades especializadas de la Guardia Civil llegadas desde Madrid, un dato que podría entenderse como un síntoma de que los investigadores tienen una pista sólida.
Tampoco se ha reclamado la colaboración de la Policía Nacional, que en las horas posteriores al crimen sí ayudó en la 'operación jaula' montada para tratar de localizar al criminal y que resultó infructuosa.
LA OPINIÓN DE JUCIL
La Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha cuestionado la actuación del Cuerpo tras al asesinato porque ilustró "las deficiencias en la capacidad de respuesta" y "permitió al asesino huir, y hasta el momento, sigue sin ser capturado", al tiempo que ha pedido reflexionar sobre el modelo de seguridad en las zonas rurales.
"Aunque se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 kilómetros de distancia, y otra desde una localidad cercana, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi treinta minutos, el tiempo de respuesta fue de cuarenta minutos", ha criticado Jucil en un comunicado; un intervalo de tiempo que a juicio de la asociación permitió la huida del asesino.
Según Jucil, el Instituto Armado "no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de los pueblos en España" tras los sucesos ocurridos este fin de semana en la provincia de Toledo --el niño de 11 años en Mocejón y la menor de 17 en Otero, que perdieron la vida en circunstancias violentas--.
La asociación ha señalado que ambos sucesos ocurridos en Castilla-La Mancha "revelan una grave realidad". "El modelo actual de despliegue de la Guardia Civil no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de las zonas rurales de España", ha zanjado Jucil, que pone el foco en el "déficit" de efectivos que, a su juicio, se extiende también por toda España y "deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad".
En concreto, Jucil ha apuntado a que el último catálogo de puestos de trabajo "revela un déficit significativo de efectivos" en la provincia de Toledo donde, según ha detallado, "se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad de esta provincia".
CASO DE OTERO
Respecto al caso de Otero, donde un hombre mató a tiros a su hijastra, "la situación fue aún más grave" pues, según ha subrayado Jucil, se dio un primer aviso de la discusión y media hora después, citando a los testigos, fue "cuando se escucharon los disparos, sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar donde se produjo la llamada de emergencia".
En opinión del asociación, esta actuación dejó a la comunidad "desprotegida en un momento crítico" y en el que una presencia preventiva de los guardias civiles "podría haber arrojado un resultado diferente a los hechos. "Estos tiempos de respuesta son inaceptables", ha declarado el portavoz de Jucil, Javier Montero.
"En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos".
Por último, la asociación ha exigido "una reflexión seria e inmediata" sobre el modelo de seguridad que se ofrece en las áreas rurales, y han solicitado "que se adopten medidas urgentes para garantizar una presencia y una respuesta más efectiva de las fuerzas de seguridad en estas zonas".
"Es imperativo repensar y reforzar el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, especialmente en las áreas rurales", ha explicado Montero. "Todos los ciudadanos, sin importar donde vivan, tienen derecho a una protección adecuada y eficaz. No podemos permitir que ocurran de nuevo situaciones como las sufridas este fin de semana en dos pueblos de Toledo", ha concluido el portavoz de Jucil.
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