Un grupo de cazadores -pertenecientes a Talavera de la Reina y sus alrededores- llevan cuatro semanas retenidos en Malatya (Turquía) debido a un presunto accidente mientras realizaban la actividad de caza. Entre ellos se encuentra el registrador nº1 de la propiedad de la Ciudad de la Cerámica, Juan Claudio Jarillo Gómez.
El pasado 30 de enero de 2024 Carlos Soto Linares, Enrique de la Riva Andrés, Francisco José López Rodríguez, Francisco Javier Soto García, Juan Claudio Jarillo Gómez y Luis Matías García Casero, acompañados por otros cinco compatriotas, llegan a Malatya en un viaje de caza organizado por la empresa WILD HUNTING IN TURKEY. El viaje estaba previsto que finalizase el día 4 de febrero, sin embargo, tras una serie de desdichas, siguen retenidos en la ciudad turca.
En un comunicado los cazadores retenidos han denunciado la situación que están viviendo y que "ya resulta insostenible". Cabe destacar que todos son experimentados cazadores y que en España practican esta actividad, habitualmente, juntos en un coto que comparten desde hace años. Las primeras jornadas de caza, día 31 de enero, 1 y 2 de febrero, trascurrieron con normalidad, pero la pesadilla comenzó el día 3 de febrero.
El sábado 3 de febrero, sobre las 9:30 horas, empleados de la empresa WILD HUNTING IN TURKEY, acompañados de dos representantes del Gobierno turco, que hacían las labores de guardas forestales, colocaron a los cazadores en los puestos marcados previamente. Estos discurrían por una ladera paralela al río Kuruçay, en Boyaca Mah, Yazihan (Malatya). Tal y como les indicaba el personal, la zona estaba habilitada para la práctica cinegética y disponían de los permisos necesarios para la actividad cinegética. Los puestos se encontraban en una zona elevada sobre el lecho del río, de tal manera que la trayectoria de disparo siempre fuese de arriba hacia abajo, por lo que las balas que no alcanzasen una pieza cinegética quedarían enterradas en el terreno. La zona habilitada de tiro estaba libre de personas ajenas a la batida y libre de zonas urbanas. Se tomaron todas las medidas de seguridad precisas, incluso todos los cazadores, los acompañantes y batidores, llevaban puestos chalecos de color naranja o amarillo.
Tal y como marcan las normas de seguridad, todos los cazadores conocían la ubicación de los puestos colindantes y sabían hacia qué zona podían dirigir sus disparos. Además disponían de unos equipos de radio para poder comunicarse entre ellos y con los organizadores.
Todo discurría con normalidad pero, en un momento dado, cómo una hora después de comenzar la batida, desde el puesto número 1, el cazador Enrique de la Riva, pudo observar con sus prismáticos como dos personas, varones jóvenes, de estatura media, 170-180 cm, armados con dos rifles caminaban a unos 280 metros de su puesto. Esta situación fue confirmada por un miembro de la organización, MERT KESEPARA. Inmediatamente, por las emisoras de que disponían, se dio aviso a todos los implicados en la batida (cazadores, miembros de la organización y representantes del Gobierno), y se interrumpió la caza por motivos de seguridad. Estos dos individuos se dieron la vuelta y desaparecieron en cuanto se percataron de que habían detectado su presencia.
Pasados unos 15 minutos, momento en que finalizaba la batida, los organizadores recogieron de los puestos a los cazadores y se personaron en el lugar hasta tres coches de policía. Los agentes, por medio del intérprete que había proporcionado la organización, les informaron de que había un herido, que debían entregar las armas y que tenían que acompañarlos al cuartel. Lo cierto es que no vieron ningún herido, ni siquiera tuvieron ningún indicio que indicase que una ambulancia pudiese recorrer la zona próxima al lugar de la batida.
Una vez en el cuartel, entregaron las armas. Allí tuvieron que pasar una larga noche en espera hasta que un interprete les asistiera para declarar ante la fiscalía y, posteriormente, ante el juez. Ese mismo día 4 de febrero, el juez decidió dejarles en libertad, sin retenerles sus pasaportes, con la obligación de presentarse cada 7 días en la comisaría del lugar donde se hallasen. Esta decisión judicial se ve avalada por la existencia de dos informes policiales en los que se establece, de manera categórica, que resulta imposible la participación, y, por tanto, la responsabilidad de los seis cazadores españoles, en el supuesto accidente.
No obstante, estos seis españoles se encuentran retenidos en Turquía al haber diligencias en las que, al parecer, tanto el ministerio fiscal como el juez, entienden que hay indicios de su participación en los hechos.
Desde el primer momento, este grupo de españoles se pone en contacto con el Consulado Español y posteriormente con la Embajada de España en Turquía. Reciben de ambos toda la atención y apoyo, poniendo el propio embajador, Francisco Javier Hergueta Garnica, todos los medios a su alcance para intentar dar solución a esta situación.
El presidente de la empresa organizadora pone a disposición de los cazadores un prestigioso letrado de origen turco, para atender el procedimiento y defender la situación ante la denuncia del herido. Así mismo, la propia Embajada de España pone en contacto al grupo de españoles con el despacho Martínez-Echevarría, con sede en Estambul, cuyo socio Juan Antonio Viñuales se hace cargo del caso.
Al herido se le realizan hasta dos informes médicos para conocer su situación clínica, y en ambos se expresa que está dado de alta y que de su exploración no se puede concluir que haya sido herido por una bala. El herido, según les comunican, estuvo ingresado cuatro días en el hospital con una herida de origen indeterminado.
Tampoco se consigna la existencia de una bala en el procedimiento que permita realizar un informe de balística que concluya que pertenece a ninguno de los 6 cazadores españoles, ni la va haber, ya que no es posible que exista.
Se realizan una serie de vistas en el juzgado de Malatya al que acuden los abogados de ambas partes, en las que por parte de los 6 españoles se solicita al juzgado que, en el supuesto de que se entendiera que estos españoles son civilmente responsables en los hechos y que debieran afrontar una indemnización, se fije una fianza, que estarían dispuestos a abonar, con la finalidad de permitirles abandonar el país y volver a sus quehaceres en España. El juzgado lo único que fue haciendo es darles largas a la hora de fijar la fianza (primero se iba a fijar el día 20, luego el día 21, y, luego, se demoró para la semana siguiente). Pero el día 24 se denegó dicha fianza sin justificación alguna.
Esta situación, "una auténtica pesadilla", les está causando serios trastornos en sus profesiones, hasta el punto de que alguno de ellos ha visto peligrar su puesto de trabajo. También a nivel personal, sus vidas están sufriendo trastornos de carácter grave, ya que ellos como sus seis familias españolas están sufriendo esta indefensión causada ante esta situación de impunidad y riesgo al que están siendo sometidas. "Esta situación está resultando ya insostenible para la moral de estos seis españoles y de sus seis familias, que ven que, a pesar de los esfuerzos de su embajador, las autoridades turcas no están haciendo nada para dar solución a esta penosa situación".
Mientras van trascurriendo estos largos días, el denunciante reclama una cantidad desproporcionada en concepto de indemnización a estos seis españoles, cuando, según se ha expresado, les informaron que estuvo cuatro días en el hospital con una herida de origen sin determinar.
El día 29 de febrero, tras 26 días de retención en Turquía, estos seis cazadores, y aunque la policía manifestaba en sus informes que no eran responsables del siniestro, se han visto obligados a llegar a un acuerdo económico con la familia del herido y se han visto forzados a pagar una indemnización para conseguir que la familia retire la demanda y así poder volver a España. "Con esta acción la fiscalía debería haber archivado el caso y levantado las medidas cautelares, pero hoy 2 de marzo, dos días después de la retirada de la demanda, estos españoles siguen retenidos en Turquía sin saber por qué ni cuándo la fiscalía archivará la causa", aseguran en el comunicado.
Con dicho escrito "se solicita al Gobierno de España, por medio de su Ministerio de Asuntos Exteriores, que exija la salida de estos españoles de territorio turco para que puedan regresar a España"
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