Los fiscales del TS abogan por investigar a Puigdemont por terrorismo

La mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo (TS) ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo al considerar que se debe investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del 'procès. Sin embargo, la postura aún no es definitiva, ha informado Europa Press.

Según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press, de los 15 fiscales que han participado en el cónclave, 11 han considerado que hay indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg -ambos aforados-, mientras que 4 se han mostrado en contra. Con una mayoría aún más amplia, de 12 a 3, han estimado que puede haber delitos de terrorismo.

Una vez emita el informe definitivo, se elevará a la Sala de lo Penal del Supremo, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada firmada por García Castellón.

RESPUESTA DEL GOBIERNO. El Gobierno sostiene que la decisión tomada este mismo martes por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que aboga por investigar por un posible delito de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, no es definitiva y han recordado que ese es un órgano consultivo y que las decisiones en la Fiscalía se deciden por jerarquía. "La decisión la tiene quien la tiene", indican fuentes gubernamentales.

A este respecto fuentes del Gobierno señalan que no les ha sorprendido la decisión adoptada por la mayoría de la junta de fiscales y remarcan que este es un órgano consultivo mientras que la decisión es "jerárquica" y "la tiene quien la tiene", haciendo referencia a que el criterio final de la Fiscalía lo fijará la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, que será la encargada de redactar el nuevo informe para unificar criterios.