Sin resolución sobre el informe de violencia machista en CLM

La Comisión de Igualdad de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrada este jueves ha sido escenario del desencuentro entre los grupo parlamentarios en torno a la resolución sobre el Informe de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha 2022.

Lejos de una resolución consensuada, la Comisión ha recibido dos propuestas diferentes. Una correspondiente al Grupo Parlamentario Vox, que finalmente ha sido rechazada con el voto en contra tanto del Partido Popular como del PSOE, y una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, aprobada únicamente con sus propios votos, frente a la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

Durante la presentación de su resolución, la diputada socialista Charo García Saco ha señalado que la resolución presentada es similar a las presentadas en los años 2021 y 2022 que fueron "aprobadas por unanimidad", lamentando el disenso que se ha dado en esta ocasión.

Asimismo, ha afirmado que su grupo a intentado "llegar a ese acuerdo por la necesidad de enviar ese mensaje de unidad a las mujeres víctimas". Así, ha señalado que su propuesta de resolución ha introducido "los datos" sobre "violencia sexual" que corresponden a las "competencias regionales", para dar respuesta a la petición del Partido Popular.

García Saco ha afirmado que la posición del PP responde a la voluntad de "hacer de esta resolución un ataque político", a lo que ha añadido que "quiere seguir enrocado en un mensaje que solo entienden ellos".

La propuesta de resolución, en concreto, alude a la necesidad de "seguir trabajando en el ámbito de la educación y de la familia", así como la disposición de recursos destinados tanto a "servicios de información y atención especializada", como a "alojamiento y protección para mujeres víctimas de violencia de género".

Asimismo, en el documento presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, al que ha tenido acceso Europa Press, figura la reclamación al Gobierno de Castilla-La Mancha de mejorar las "políticas de prevención de las agresiones sexuales", a través de "servicios como el programa 'Contigo', que en 2022 atendió a 161 mujeres que sufrieron agresiones sexuales".

Por otra parte, incluye la reclamación de "reeditar el Pacto de Estado Contra la violencia de Género, con presupuesto suficiente para seguir impulsando medidas que garanticen una sociedad más igualitaria".

EL PP RECHAZA APOYAR LA RESOLUCIÓN

Frente a la defensa de la propuesta por parte de la parlamentaria socialista, la diputada del Partido Popular María Roldán ha señalado que su grupo no puede "apoyar una resolución en la que se obvia totalmente los datos y la situación provocada por la aplicación de la 'Ley del Sí es Sí'".

Roldán ha insistido en la pertinencia de introducir los datos de excarcelaciones al amparo de la aplicación de la 'Ley del Solo Sí es Sí' en el informe, ya que "siguen apareciendo nuevos casos en los que hay violadores, agresores sexuales, pederastas en esta región que se están viendo beneficiados por una bochornosa ley".

"No podemos aprobar una resolución en la que, como decimos, se obvia un tema tan difícil, tan complicado y que tanto dolor ha causado a las víctimas, especialmente en esta región", ha reiterado Roldán.

"Nos hemos encontrado que no se ha incluido ninguna referencia", ha declarado Roldán, que ha reiterando la negativa de su grupo a "aprobar una resolución en la que se obvia un tema tan difícil, tan complicado y que tanto dolor ha causado a las víctimas".

RESOLUCIÓN DE VOX

La propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea, entre otras medidas, la supresión de las legislaciones sobre violencia machista, tanto a nivel regional, como a nivel nacional, planteando la derogación de la Ley Contra la Violencia de Género de 2004 por "tratarse de una excepción legislativa que establece tribunales específicos en función del sexo del agresor".

Asimismo, solicita la eliminación de "cualquier subvención relativa a políticas de género a entidades o asociaciones que no tengan una utilidad pública".

Además, plantea la exclusión de contenidos educativos la "ideología de género" y el abandono de "toda perspectiva ideológica relacionada con el género en el tratamiento de la violencia que se da en el seno de las familias".

Por otra parte, propone la realización de "un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales", así como un aumento de las penas para los agresores sexuales, incluidos los menores de edad "que cometan este tipo de delitos".