Un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso cuando era menor de edad.
Así se recoge en una encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que le encargó hace un año y medio el Congreso de los Diputados, y que ha entregado este viernes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, tal y como ha informado Europa Press.
En total, un 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas, teniendo en cuenta que en España hay 39.415.017 personas de 18 y más años, según el último dato del INE disponible facilitado a Europa Press.
Además, el informe revela que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo.
Además de los testimonios directos, han tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la Iglesia y de la investigación del diario El País.
El informe recoge casos en centros educativos de Maristas, Jesuitas y Salesianos. Además, uno de los ejemplos es el del cura condenado a siete años de prisión por abusos a un menor en el Seminario de Toledo, entre otros casos.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha mantenido reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) O con el decano del Tribunal de la Rota, entre otras.
A lo largo de sus 777 páginas, el Informe del Defensor, titulado 'Una respuesta necesaria', apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "mucho tiempo" por la "negación", la "minimización" u "ocultación" del problema y denuncia que las víctimas han sufrido incluso "presiones" de representantes de la misma en las que se les "culpabilizaba".
No obstante, también reconoce "buenas prácticas" y "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".
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