El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha trasladado las líneas estratégicas que marcarán el trabajo a lo largo de estos cuatro años de la Vicepresidencia primera para la XI legislatura priorizando “la simplificación administrativa; la gestión de los fondos de recuperación; y seguir en la lucha contra la despoblación en la que esta Comunidad Autónoma es referente a nivel nacional y europeo”.
En lo referente a la simplificación administrativa –ya iniciada en el periodo anterior con la aprobación de leyes como la Ley SUMA o la Ley de Proyectos Prioritarios- el objetivo del Ejecutivo castellanomanchego para los próximos años es reducir los plazos en la resolución de expedientes.
Para ello, ha dicho el vicepresidente, “estamos dispuestos a tomar decisiones valientes, incluso arriesgadas, como puede ser una profunda revisión de todo el entramado de silencios administrativos que hay en nuestra legislación” lo que se traducirá en plantear la necesidad de aquellos que no vienen impuestos por las legislaciones europea y nacional.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico se ha propuesto generar herramientas para que las empresas y la ciudadanía puedan tener la garantía de que sus expedientes tramitados ante la Administración cumplen los requisitos exigidos por la normativa para su aprobación. Esto supondrá, además, facilitar también la labor de los empleados públicos en la tramitación de los expedientes y acelerando su aprobación.
Herramientas y mecanismos que el vicepresidente primero quiere que se puedan trasladar y utilizar en los ayuntamientos de la región, especialmente en los más pequeños que no cuentan con medios técnicos para efectuar las necesarias comprobaciones para la resolución de los expedientes.
Con ello, se procederá a la configuración de nuevos textos normativos de toda índole, en colaboración con las consejerías implicadas, que persigan estos fines.
FONDOS DE RECUPERACIÓN
Otro de los ejes que marcarán la acción de la Vicepresidencia primera a lo largo de estos cuatro años es el de la gestión de los fondos de recuperación con el objetivo último de culminar con el mayor nivel de éxito y eficacia posibles la gestión y ejecución de las ayudas asignadas, de los que hasta el momento se han administrado 1.161 millones de euros, y otras que pudieran corresponder a las comunidades autónomas del Plan de Recuperación.
Y es que, tal y como ha recordado Martínez Guijarro, en estos próximos meses ha de abordarse la implementación de la segunda parte del Plan de Recuperación, la Adenda del Plan, que ha de canalizar los aproximadamente 80.000 millones de Euros que España ha de recibir en forma de créditos.
Además, los territorios autonómicos van a participar de la gestión de la Adenda básicamente a través del denominado Fondo de Resiliencia Autonómico, dotado con 20.000 millones de euros de créditos destinados a financiar inversiones sostenibles a ejecutar por la Administración regional y otras administraciones o por el sector empresarial privado en una serie de áreas prioritarias de inversión.
Desde la Vicepresidencia Primera se coordinará y se hará seguimiento igualmente de la gestión de los créditos transferidos a Castilla-La Mancha, a través de los órganos y grupos de trabajo establecidos. Y, al igual que con las ayudas ya transferidas del Plan de Recuperación, se trabajará en la búsqueda de propuestas que mejoren y agilicen la gestión y absorción de los fondos tanto en el ámbito de la Junta de Comunidades y del sector público regional, como en el sector privado, en el tejido empresarial.
“Nuestro objetivo”, ha explicado, “es atraer el mayor volumen posible de fondos y que incidan de la manera más eficaz en reforzar, modernizar y hacer más sostenible nuestro modelo socioeconómico, con independencia de qué administración los gestione y de si finalmente los invierte la Junta, una Universidad, una empresa o una persona física”.
DESPOBLACIÓN
Junto a los nuevos retos que afronta la Vicepresidencia primera para esta legislatura está seguir luchando para hacer frente al fenómeno de la despoblación, una materia en la que el Ejecutivo regional es pionero y referente a la hora de adoptar medidas para paralizar y revertir la pérdida demográfica con la aprobación de la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Se trata de una norma elaborada y aprobada con el consenso político y social, que blinda los servicios públicos en el medio rural e incorpora la fiscalidad diferenciada para aquellos que residan en las zonas afectadas por la despoblación y que viene reforzada por su principal instrumento de aplicación, la Estrategia Regional Frente a la Despoblación, con horizonte 2031 y cuya primera revisión se hará el próximo 2025.
Medidas que, tal y como ha apuntado el vicepresidente primero, ya están dando sus frutos porque “la realidad es que los primeros datos ponen de manifiesto que el principal indicador que se analiza, cuando hablamos de despoblación, que es el saldo migratorio, es positivo en todas las zonas afectadas por despoblación”. Y es que, según los últimos datos del Padrón Continuo del INE, en los últimos dos años, 2022-2020, según los datos publicados, el saldo migratorio a nivel regional de estas tres zonas -en riesgo, extrema e intensa despoblación- ha sido positivo y arroja un aumento de población de 8.612 habitantes.
Simultáneamente a este proceso de evaluación intermedia de la estrategia, realizaremos un diagnóstico de las singularidades y especiales demandas y necesidades que cada una de las zonas escasamente pobladas y de las que se encuentran en riesgo. O lo que es lo mismo “acercar la lupa a cada zona concreta de nuestro territorio para recabar las necesidades y carencias de las diversas zonas e implantar una serie de medidas para atender las primeras y paliar las segundas” a través de Planes de Desarrollo Sostenible en cada una de las zonas.
ESTATUTO
El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará a lo largo de esta legislatura la reforma del Estatuto de Autonomía, una tarea cuyo objetivo es dotar a la Comunidad Autónoma de un Estatuto de “nueva generación” que incorpore los cambios constitucionales y sociales desarrollados durante este siglo. Así lo ha señalado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Generales del parlamento autonómico donde ha desarrollado las líneas estratégicas de su departamento para esta XI legislatura que acaba de arrancar.
En su intervención, Martínez Guijarro ha insistido en la necesidad de reformar el actual Estatuto de Autonomía, después de más de 40 años de vigencia de la norma actual, que aborde a su vez, una ley electoral que mejore la representatividad de esta Cámara; una reforma que permita contar con un texto moderno que incorpore instrumentos con los que otras comunidades se han ido actualizando en los últimos tiempos; y una reforma que contemple el blindaje de los servicios públicos.
A este respecto, ha insistido en que lo que se busca es que los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) estén garantizados para la ciudadanía de la región con independencia de quien esté al frente del Gobierno.
Asimismo, ha incidido en la necesidad de “incorporar al nuevo texto tanto las nuevas exigencias de regeneración democrática que demanda nuestra sociedad civil hasta el régimen presupuestario y control de gasto introducido por la reforma del artículo 135 de la Constitución”.
AJUSTE ELECTORAL
Por otro lado, Martínez Guijarro ha defendido que la reforma estatutaria debe ir acompañada de un ajuste electoral “para que la representación de los castellanomanchegos y de las castellanomanchegas no sea cercenada, sino que sea justa, que sea equilibrada, que evite que miles de ciudadanos puedan quedar sin representación política o que ésta no se adecúe a los parámetros de proporcionalidad”, suprimiendo, además, el régimen especial de aforamientos, tanto a los diputados regionales como a los miembros del Consejo de Gobierno.
En este punto, ha insistido en la necesidad de que el futuro Estatuto de Autonomía incluya la financiación autonómica y local, incorporando el gasto que supone mantener los servicios básicos como sanidad, educación y servicios sociales en zonas afectadas por la despoblación.
En su alocución, el vicepresidente primero ha recordado la prosperidad que ha supuesto para esta Comunidad Autónoma los 40 años de Estatuto de Autonomía que, en sus propias palabras, “han sido los mejores para Castilla-La Mancha”.
LEY INTEGRIDAD PÚBLICA Y EVALUACIÓN POLÍTICAS
Por otra parte, el vicepresidente se ha referido a la voluntad de este Ejecutivo autonómico por seguir apostando e incrementando la transparencia en toda la gestión de la Administración regional consolidando así el modelo de gobernanza que se viene desarrollando desde el año 2015, en el que se ha venido potenciando el fomento de la participación ciudadana y rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión.
Para seguir ahondando en estas directrices, desde la Vicepresidencia primera se va a abordar la elaboración de la Ley de Integridad Pública, “un paso más en la política de transparencia que ha sido siempre el frontispicio en la actuación del Gobierno de Emiliano García-Page”, que viene a completar la normativa que existe en la Comunidad Autónoma incorporando nuevas obligaciones para los miembros del Ejecutivo regional.
Finalmente, ha avanzado la elaboración de la Ley de Evaluación de Políticas Públicas y Disposiciones normativas que servirá como instrumento “para que el conjunto de ciudadanos pueda saber cuáles son los resultados de determinadas políticas que implementa la Administración regional”.
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