La Guardia Civil ha conseguido esclarecer un delito de simulación de delito y otro de receptación de un teléfono móvil de alta gama.
Tras una denuncia aparentemente real por el hurto de un teléfono móvil de alta gama interpuesta en la localidad de Pelahustán, (municipio de la Sierra de San Vicente, próximo a Talavera de la Reina) se inició una investigación por parte de los agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Torrijos a fin de localizar el dispositivo sustraído e identificar al presunto autor.
De las investigaciones llevadas a cabo por esa unidad, se obtiene un primer resultado positivo, consistente en que el móvil se encuentra activo en la localidad de Madrid.
Tras tomar declaración a dos personas en calidad de investigados, se descubrió que el terminal había sido adquirido por la declarante a través de un conocido portal de compra-venta de internet junto a su caja original y todos sus accesorios, lo cual no era compatible con los extremos descritos por la propietaria legítima del teléfono, la cual había denunciado el hurto de este en la terraza de un establecimiento hostelero al haberlo dejado sobre una mesa y descuidarse.
Los agentes comenzaron a enfocar la línea de investigación en otra dirección y tras contrastar la declaración de la propietaria actual del móvil y la denuncia que dio inicio a todo el proceso, se tuvo indicios suficientes de que la perjudicada había vendido el terminal a una segunda persona, sin siquiera desembalar el terminal móvil por un precio muy inferior a su precio habitual, debido a una deuda que había contraído con aquella.
Una vez el móvil obraba en manos de esta segunda persona, fue vendido a través de un portal online de compra-venta, por lo que se pudo comprobar fehacientemente que los hechos descritos en la denuncia eran falsos.
La actuación se salda finalmente con la detención de una mujer de 37 años, española y con antecedentes, por un delito de simulación de delito.
Desde la Guardia Civil se informa que interponer denuncias por hechos delictivos falsos o inventados, es un delito recogido en el artículo 456 del Código Penal, y desde este Cuerpo se ponen todos los medios disponibles para investigar y perseguir esta tipología delictiva, que no solo supone un perjuicio a la administración, sino que retrasan enormemente los tiempos de tramitación de ciudadanos que cursan denuncias legítimas.