El caso Kitchen tiene nuevas informaciones, es por ello que la Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen claro que la investigación realizada por el juez Manuel García-Castellón al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exsecretario de Estado de Seguridad Paco Martínez y a otros exaltos cargos policiales por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas determina "clara y suficientemente" tanto los hechos que deben ser castigados como la identidad de sus autores, y por ello piden a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechace los recursos presentados por las defensas contra su procesamiento.
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Los escritos fueron redactados entre finales de diciembre y la semana pasada, si bien un problema técnico en el sistema informático que utiliza la Audiencia Nacional había paralizado la tramitación del asunto hasta este momento.
FERNÁNDEZ DÍAZ
En lo referido a Fernández Díaz, la Fiscalía defiende que "el cuadro indiciario que refleja la participación activa y material" del exministro en la Operación Kitchen es "profuso y concluyente". Tras su imputación formal en este asunto, en septiembre de 2020, ninguna de las pruebas practicadas han desvirtuado el "acervo incriminatorio". Entre otras, el ministerio público cita la declaración del propio exministro, la de Martínez, el careo judicial practicado entre ambos y "desde luego, las actas notariales que corroboran la clara participación en los hechos" que le atribuye el propio exsecretario de Estado, que fue su más estrecho colaborador.
ABUSO DE FUNCIONES
La Fiscalía defiende ante la Sala el auto en el que el juez afirma que en un momento "que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013" Fernández Díaz "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó a Francisco Martínez -que fue primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado- a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder" de Luis Bárcenas "con el fin de sustraer dicho material a la autoridad judicial en la investigación" que se llevaba a cabo en la pieza denominada Papeles de Bárcenas en el seno del caso Gürtel.
Esta aseveración del juez, insiste en este escrito el fiscal, "corresponde plenamente con el soporte documental que consta en las actuaciones y que permite tal atribución de responsabilidades, por tratarse de documentos que ponen de manifiesto, por sí mismos, el conocimiento por parte del Ministerio del Interior del operativo policial puesto en marcha en el ámbito operativo de la DAO (Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional), así como su carácter ilícito. Apunta al respecto el conocimiento de unos volcados del contenido de los teléfonos móviles de Luis Bárcenas".
Reitera la Fiscalía que el entonces ministro, "además de ser la persona que ejerció tal responsabilidad durante todo el período de ejecución del repetido operativo policial ilícito, financiado con cargo a partidas de fondos reservados de su departamento y bajo la supervisión directa de su inmediato inferior jerárquico", que era Martínez, "mantuvo con éste comunicaciones directamente relacionadas con el volcado de los teléfonos pertenecientes a Luis Bárcenas". Se llegó a obtener, según el juez y lo comparte de la Fiscalía "una parte de la documentación comprometedora que se buscaba".
ABOGACÍA DEL ESTADO
A similar conclusión llega la Abogacía del Estado respecto de los recursos presentados por otros de los investigados en este asunto, entre los que se encuentra el propio Francisco Martínez. Los escritos tienen fecha del pasado 11 de enero y los firma la abogada María Rosa Seoane, que insiste al igual que la Fiscalía en que deben ser rechazados porque el auto del juez "sí explicita la participación que los recurrentes ha tenido en los hechos investigados" aunque otra cosa diferente sea la calificación que se acabe dando a los mismos por las acusaciones cuya valoración final debe reservarse al juicio oral.
En todo caso, añade que "lo que es evidente es que los recurrentes tuvieron conocimiento de los hechos y con su conducta contribuyeron a su ocultación y siendo su obligación, conociendo la irregularidad de los mismos, se abstuvieron de perseguirlos o de ponerlos en conocimiento de quien pudiera hacerlo y de quien se hallaba investigando para otro Juzgado hechos conexos que se trataban de ocultar a la justicia".
Así, destaca que las cuestiones alegadas por Martínez del comisario Andrés Gómez Gordo -que fue jefe de Seguridad de Cospedal-, del exchófer de Bárcenas Sergio Ríos y de los también policías en el momento de los hechos José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Diez Sevillano "se adentran en el ámbito propio de la fase de enjuiciamiento" como es la ausencia de delito en los hechos que se les atribuyen. Por eso deben ser rechazados, y en similar sentido se posiciona en un segundo escrito respecto de los exmandos policiales Eugenio Pino y José Luis Olivera.
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