Cuando el Ministerio de Defensa denunció el Chat de los militares “jubilados” de la XIX promoción del Ejército del Aire, en el que se hablaba de un “golpe de estado” y de “fusilar a 26 millones de españoles”, tenía claro que podría haber indicios de delito; pero la aplicación de la ley lleva unos cauces, y el primer paso era el análisis de la Fiscalía de Madrid, que ya ha sorprendido con sus decisiones en anteriores situaciones.
No se suele iniciar un procedimiento cuando con claridad no se aprecia el delito; en este caso el de odio, sobre todo cuando la decisión de iniciar la causa la tiene alguien que sabe de lo que habla. En este caso la ministra de Defensa.
La titular del Ministerio de Defensa, Margarita Robles, no solo es licenciada en Derecho, sino que además fue la cuarta mujer en obtener plaza de juez en nuestro país. La primera mujer en presidir una Sala de lo Contencioso-Administrativo; además de la primera mujer en ser presidenta de una Audiencia Provincial, en su caso de la de Barcelona.
Ha sido Subsecretaria del Ministerio de Justicia; Secretaria de Estado del Ministerio del Interior; Juez de lo Contencioso-Administrativo en la Audiencia Nacional; magistrada del Tribunal Supremo; vocal del Consejo General del Poder Judicial; miembro de Jueces para la Democracia, portavoz del Gobierno y ministra de Defensa.
Es indiscutible que los conocimientos jurídicos de la ministra en la materia son de peso, que la decisión tomada fue antes sopesada, y que la respuesta que esperaba no era el “archivo” del caso. Sin embargo la Fiscalía de Madrid, ha archivado la investigación porque “no se aprecia delito de odio”, ya que considera que los participantes se expresaron “en la confianza de estar entre amigos”.
No hay que olvidar que en esa conversación “entre amigos” se vertían expresiones como “la forma de parar esto es un nuevo alzamiento”; “yo confío en que salga otro matarrojos, pero que esta vez no se quede corto. Hay que aniquilar a 26 millones, niños incluidos”; o “solo otro 36, pero con muchos más muertos por la parte roja y separatista, puede arreglar esta triste España”.
Los “amigos” de este chat además firmaron una carta enviada al Rey contra el “Gobierno social-comunista” de Sánchez, al que acusaban de amenazar la “unidad nacional”.
Sin embargo la Fiscalía concluye que estas manifestaciones “constituyen la exteriorización de una oposición” al Gobierno amparadas por el derecho a la libertad de expresión y es en este punto donde confluye la reflexión con otras manifestaciones recientes consideradas “apología del terrorismo”, porque ¿Cuál hubiera sido la respuesta de la Fiscalía si en lugar de venir estas palabras de un grupo de militares retirados viniera de un grupo de rock, punk, regatón, o de un actor en una función de teatro? ¿Y si el grupo de chat fueran unos cuantos “ninis”?
Ya sabemos que la Fiscalía de Madrid ha acordado con el timador de los “2.000 tumores” una pena de 2 años por estafar 264.780 euros a miles de personas; ahora habrá que esperar a su decisión en la investigación de las soflamas de la “niña falangista” contra los judíos durante el homenaje a la División Azul; mientras media España espera el recurso contra la decisión de la Fiscalía, por la denuncia presentada por el Ministerio de Defensa, para que no se pare el procedimiento, sino que siga subiendo escalones en el mundo de la judicatura hasta conseguir una sentencia firme que dé seguridad jurídica.
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