La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE), y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a las diferentes consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas que no posibiliten a los empresarios privados farmacéuticos la administración de la vacuna de la gripe en sus oficinas de farmacia, y ha defendido que esta actividad sanitaria asistencial se realice inexcusablemente en los centros de salud públicos por parte de los profesionales sanitarios cualificados, como son las enfermeras y enfermeros, que la vienen realizando históricamente con plenas garantías de seguridad y calidad asistencial.
De cara a la nueva campaña de vacunación de la gripe, que se desarrollará en la primera quincena de octubre, la Mesa de la Profesión Enfermera rechaza el nuevo intento de algunos farmacéuticos de generar nuevas vías de negocio a través de la realización de actividades sanitarias asistenciales que siempre deben desarrollarse dentro del sistema sanitario, tal y como está establecido según la normativa vigente, como única garantía de eficacia, solvencia y seguridad.
La Mesa ya está trabajando en desarrollar una campaña de información al conjunto de la ciudadanía sobre las consecuencias para su salud y seguridad que tendría la vacunación en las farmacias y adelanta que en caso de que alguna comunidad autónoma, como pudiera ser la de Madrid, claudique a los intereses de la empresarios privados farmacéuticos, emprenderá las acciones judiciales y sociales pertinentes contra la Presidencia autonómica, la Consejería de Sanidad y los farmacéuticos que pudieran incurrir en un presunto delito de intrusismo profesional.
Según la Mesa Enfermera, la administración de la vacuna de la gripe y el reciente ofrecimiento de realizar las pruebas de detección del coronavirus, e incluso venderlas, en las farmacias, se enmarcan dentro de la estrategia general de los empresarios farmacéuticos de incrementar sus beneficios a través de lo que han denominado la ‘farmacia comunitaria’ y que llevan meses intentado que las diferentes administraciones sanitarias den su visto bueno.
Los integrantes de la Mesa recuerdan que actuaciones como la administración de inyectables, como las vacunas, son competencia de las enfermeras y enfermeros que trabajan en el ámbito de Atención Primaria, sobre todo, según establece la normativa al respecto, y ya se vienen realizando con total garantías y seguridad sin que supongan ningún tipo de coste adicional para de los ciudadanos. “No ocurre lo mismo en el caso de los farmacéuticos que pretenden cobrar por todos y cada uno de los servicios prestados, ya sea directamente al paciente, a los servicios autonómicos de salud, a las mutualidades o a una combinación de todos ellos", apuntan.
Por ello, desde la Mesa de la Profesión Enfermera se pide a las distintas autoridades competentes que rechacen con firmeza las nuevas presiones de los empresarios farmacéuticos para impulsar la mal llamada e inexistente ‘farmacia comunitaria’, aprovechando la difícil situación que sufre nuestro sistema sanitario público por la expansión de la Covid-19.
Al respecto, la Mesa subraya que desde el ámbito empresarial farmacéutico se están redoblado los contactos y presiones, tanto a nivel público como privado, para que se aprueben nuevas normativas autonómicas que den vía libre a la ‘farmacia comunitaria’ y, de esta forma, puedan empezar a ganar dinero a través de la prestación de servicios asistenciales que deben realizar las enfermeras, enfermeros y otros profesionales sanitarios del ámbito de la Atención Primaria de nuestro país como vienen haciendo desde siempre sin coste adicional alguno para el sistema sanitario público con plenas garantías de seguridad y calidad asistencial.
Tanto SATSE como el Consejo General de Enfermería lamentan que los propietarios de las oficinas de farmacia privadas quieran aprovechar la actual situación de sobrecarga asistencial y saturación que sufre la Atención Primaria por la pandemia de la Covid-19 para buscar nuevos nichos de negocio a costa de la privatización encubierta de servicios asistenciales que deben garantizarse inexcusablemente dentro de la sanidad pública.
La Mesa entiende que, tanto el Ministerio de Sanidad como las distintas consejerías de Salud de las comunidades autónomas, deben centrar todos su esfuerzos en trabajar de manera coordinada para reforzar y mejorar la Atención Primaria y, como consecuencia, propiciar un aumento de las plantillas de enfermeras y enfermeros en todos los servicios de salud que, entre otras funciones, posibiliten seguir mejorando el porcentaje de población vacunada y que, en el caso de las personas mayores, nos sitúa en el sexto lugar en Europa.
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