El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha defendido que “proteger la salud pública en una comunidad con las condiciones que tiene Madrid es también proteger la salud en todos los territorios”.
De esta manera ha valorado Tierraseca, en declaraciones a los medios de comunicación, el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2 y que este jueves ha publicado el BOE.
“Evidentemente que nos preocupa lo que ocurra en la Comunidad de Madrid; somos comunidades limítrofes, con lazos comunes en todos los ámbitos y con una gran movilidad entre ambos territorios”, ha manifestado.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha insistido en que “es indudable que la unidad salva vidas, frente a la división, que nos hace débiles frente al virus”.
Asimismo, Tierraseca ha subrayado la importancia de proteger por igual a todos los territorios y de actuar de una forma homogénea para hacer frente al avance de la COVID19. “La salud de Madrid es la salud de Castilla-La Mancha y es la salud de España, porque proteger la salud pública en una comunidad con las condiciones que tiene Madrid es, también, proteger la salud de todos los territorios”, ha reiterado.
El acuerdo publicado este jueves es previo a la Orden que establece cómo actuar en los territorios con mayor incidencia del coronavirus y es “de obligado cumplimiento”, ha recordado el delegado del Gobierno en la región.
PARA TODAS LAS CCAA
El acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas. Según el informe de la Abogacía General del Estado, así lo establece la legalidad vigente en base a los siguientes puntos:
1. La norma aplicable en las votaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISN) es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales (como el CISN). Esta ley señala que los acuerdos obligarán a todas las Comunidades Autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso.
2. Esta Ley deroga todo aquello que resulte incompatible con ella, incluida la regulación establecida en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión, que sólo prevé la adopción de acuerdos por consenso.
Si (
No(
