El Ministerio de Interior ha reconocido la 'operación Kitchen', diseñada por el Gobierno en 2013 y que se prolongó hasta 2015, en la que se utilizaron fondos reservados de esta cartera para espiar a Bárcenas y obtener información que podría perjudicar a varios miembros del Partido Popula, según ha informado este martes 'El Mundo'. El objetivo de Kitchen -la séptima pieza secreta derivada del 'caso Tándem', que investiga las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo- era supuestamente sustraer documentos sensibles a Luis Bárcenas mientras éste estaba en prisión. Así, presuntamente, se contrató a su antiguo chófer para que, a cambio de dinero de los fondos reservados, se hiciera con este tipo de información.
Con esta operación policial encubierta se puso en marcha entre 2013 y 2014 por parte del excomisario José Manuel Villarejo -entonces adjunto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía- un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas. Para ello, presuntamente se usaron fondos reservados aprobados cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. La operación coincidió con el escándalo sobre la fortuna del extesorero y los presuntos pagos en dinero negro a dirigentes del PP. Bárcenas ingresó en prisión el 27 de junio de 2013
Según lo publicado por El Mundo, se lograron además sustraer a Bárcenas tanto su agenda personal como documentos de la contabilidad B del PP en Galicia, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid (asunto que se investiga en otra causa de corrupción: Púnica) y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.
En un escrito que la Dirección General de la Policía Nacional ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional el ministerio del Interior reconoce que "en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional" y "agentes de la Comisaría General de Información" además de colaboradores que "recibían una remuneración periódica a cambio de información".
Con ello, el Ministerio estaría admitiendo por primera vez la existencia de un operativo policial financiado por el Estado en el que se apoderaron de documentación de Bárcenas sobre la financiación ilegal del Partido Popular.
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