Cerca de 11.800 personas de la provincia podrán beneficiarse de la Ley para Personas con Discapacidad

Un total de 11.786 personas discapacitadas de la provincia de Toledo – el 33 por ciento del total estimado en la región- podrán beneficiarse de la nueva Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, cuyo proyecto de Ley fue aprobado a finales de marzo por el Consejo de Gobierno y, en la actualidad, se encuentra en trámite parlamentario en las Cortes regionales.

Las medidas de protección y apoyo de esta futura normativa autonómica, que se ha calculado podrá beneficiar a un total de 35.716 personas en toda la región, están dirigidas a mayores de 18 años con discapacidad psíquica que tienen limitaciones para tomar decisiones por sí solos, ya sea por discapacidad intelectual, enfermedad mental, daño cerebral o deterioro cognitivo, con el objetivo de garantizarles la atención que puedan necesitar a lo largo de su vida, aun cuando hayan perdido a sus familiares más directos.

El delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, y el director provincial de Bienestar Social, Gregorio Gómez, han mantenido en la sede de la Delegación de la Junta una reunión con representantes de una veintena de colectivos y entidades de la provincia que trabajan con personas en situación de discapacidad, para ofrecerles todos los detalles de “esta novedosa ley regional, que será pionera en España y con la que el Gobierno de Emiliano García-Page pone sobre la mesa un nuevo avance cualitativo en la defensa de derechos y demuestra su compromiso de trabajar con corazón y alma por quienes más lo necesitan”, según apuntaba el delegado.

Javier Nicolás ha explicado que con esta nueva normativa de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad de la región “se blindará por ley y garantizará de por vida el apoyo y un plan de futuro a discapacitados mayores de 18 años, que tienen limitaciones en su autonomía para tomar decisiones por sí solos, ofreciendo así tranquilidad y una respuesta a la angustia de sus padres, madres y familias, preocupadas de qué será de sus hijos e hijas cuando ellos falten”.

De esta forma, la Ley supondrá un blindaje a la protección y derechos de las personas mayores de edad con grave discapacidad, “sin excusas presupuestarias o de falta de recursos públicos”, una vez que quedé aprobada definitivamente en las Cortes de Castilla-La Mancha y “que, desde el Gobierno regional, esperamos que sea por unanimidad de todos los grupos”, según decía el delegado.

Por su parte, Gregorio Gómez explicaba que para desarrollar las medidas de esta Ley, “destinadas a mayores de 18 años porque para los menores ya existe un sistema de protección específico”, el Gobierno regional ha contemplado ya para este año 2018 un presupuesto de 5 millones de euros, que conllevará la creación de 400 plazas de atención especializada y 85 plazas residenciales específicas para estas personas.

PLANES PERSONALES DE FUTURO Y GARANTÍA RESIDENCIAL
Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad se articulará en torno a dos objetivos principales: el establecimiento de planes personales de futuro y la garantía de apoyo residencial.

Tal y como recoge la ONU en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “que todas ellas tienen a planificar su vida y a contar con la oportunidad de hacerlo en igualdad de condiciones” –según recalcaba el director provincial-, la nueva normativa regional regula ofrecer la posibilidad de elaborar ‘planes personales de futuro’ para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad para tomar decisiones.

Este plan personal de futuro, semejante a la declaración de voluntades anticipadas en el ámbito sanitario, es un proyecto en el que la persona con discapacidad y su familia, con el asesoramiento y orientación de un agente mediador, podrán dejar reflejadas y recogidas sus preferencias y prioridades futuras de atención y apoyo que desea recibir cuando falten sus familiares.

En estos planes se podrá hacer referencia a todas las áreas, como residencial, formativa y laboral, ocio y tiempo libre, relaciones interpersonales con la familia extensa, legal, económica, y sobre necesidades sanitarias.

Para ello, se impulsarán también la Oficina Regional de Orientación, las Unidades de Orientación y Apoyo, y el Registro de Planes de Futuro.

Por otro lado, se establecerá una garantía de apoyo residencial una vez que la persona con discapacidad no cuente con sus apoyos familiares. De esta forma, la nueva Ley establece la preferencia de acceso a la red de recursos residenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para estas personas.

Por último, el director provincial de Bienestar Social ha puesto en valor la colaboración que ha tenido el Gobierno autonómico con la participación de las fundaciones tutelares y del CERMI de Castilla-La Mancha en la elaboración de la Ley.