Desde que el pasado viernes La Voz del Tajo publicara en primicia la sentencia que desestimaba el recurso planteado por los ediles “tránsfugas” de Talavera, Jonatan Bermejo y Montaña Palacios, y su paso a concejales “no adscritos”, las reacciones de todos los actores implicados no han cesado. Mientras que PSOE y Ganemos piden el cese de sus delegaciones y responsabilidades al alcalde Jaime Ramos por “crear una mayoría a golpe de dinero público”, éste se defiende apoyado en la legalidad de los hechos.
Lo curioso de toda esta historia de maniobras de poder, de tránsfugas o no tránsfugas y de mayorías a golpe de talonario, es que como casi todo en la vida, tiene una visión completamente distinta dependiendo del cristal con el que se mire.
Mientras que la portavoz del Gobierno Municipal, María Rodríguez, reitera que se siguen las actuaciones conforme a criterios legales y “todo lo demás son sugerencias de dos grupos que han perdido las elecciones y que les gustaría estar gobernando al estilo bolivariano”; y el alcalde ve “normal” mantener a dos concejales expulsados de su partido -siempre escudándose en los tiempos-, el Partido Popular, su partido, no piensa lo mismo cuando esos concejales se van de su Gobierno a grupos de la oposición o sirven para perder una Alcaldía.
SANTA POLA Y EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO VIGENTE
Sin ir más lejos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, ordenaba el pasado mes de septiembre apartar de sus áreas a los ediles Ignacio Soler y Paco Soler, que abandonaron las filas de Cs tras las elecciones lo que permitió a la socialista Yolanda Seva lograr la Alcaldía de Santa Pola (Alicante).
En este caso llama la atención que el PP presentara un recurso para que se ejecute la sentencia dictada el 28 de marzo de 2017, que pedía retirar las competencias de área a los tránsfugas de Cs, que permitieron que la Alcaldía del municipio alicantino.
En Santa Pola son “tránsfugas”. En Talavera no, porque el Pacto Antitransfuguismo no existe, según Jaime Ramos. En Santa Pola se recurre a la Justicia. Aquí el exconcejal de Cs demanda al Ayuntamiento por la extinción de su expartido en el Consistorio y su paso a no adscritos, y no se designa ni defensa ni procurador, precisamente contra un decreto del propio alcalde. Claro que la respuesta de Rodríguez es “contundente”: “Tenemos todos los días muchas sentencias y en unas nos defendemos y en otras no. Si vemos que no tienen sentido, es absurdo gastar dinero y presentar defensa y procurador”.
Volviendo a las comparaciones, la sentencia que se tiene que ejecutar de forma provisional el Ayuntamiento de Santa Pola obedece a un recurso que el PP presentó en 2015 contra el decreto de Alcaldía en el que se otorgaba a los concejales tránsfugas de Ciudadanos, competencias y delegaciones por parte de la alcaldesa, así como una dedicación exclusiva. ¿Les suena? Delegaciones, concejales tránsfugas…
El PP entendía que se había producido un incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, ya que, al ser considerados como ediles no adscritos, no estaban en condiciones de tener más derechos económicos que los que tendrían estando en su grupo de origen. En Talavera, cuando desde la oposición se le pide responsabilidades al Gobierno de Jaime Ramos, la respuesta es de nuevo “épica”: “Las actuaciones son conforme a criterios legales, y todo lo demás son sugerencias de dos grupos que han perdido las elecciones y que les gustaría estar gobernando al estilo bolivariano”, asegura María Rodríguez.
ELDA Y LA DECLARACIÓN JURADA DE ABANDONO
Y siguiendo con las incongruencias de Ramos respecto a otros compañeros de partido y la existencia del “transfuguismo”, ahí va otro choque de ideas: el PP de Elda pide el acta a dos concejalas que abandonaron el partido “por desavenencias”. Es decir, el PP obliga a firmar una declaración jurada, -un compromiso ético que hay que firmar para formar parte de la lista popular- por la que te comprometes a dejar el acta de concejal desde el mismo momento en el que se adopta y formaliza la decisión de abandonar el Grupo Municipal.
En el punto tercero de este compromiso ético se especifica: “Me comprometo de forma expresa e irrevocable a dejar el acta de concejal desde el mismo momento en que adopte y formalice la decisión de abandonar el Grupo Municipal Popular”.
Un compromiso ético al que también hacía mención Cs para pedir el abandono a los ediles expulsados .Bermejo y Palacios- “en base a la firma de la Carta Ética y Financiera”, por que deben abandonar sus cargos y entregar el acta de concejal, y que el alcalde de Talavera no ha exigido ni ha valorado en el caso talaverano.
Ante estos casos hay que preguntarle al alcalde de la Talavera de la Reina, Jaime Ramos, si en su Grupo Municipal, se firma esa “carta ética” y de ser así ¿Por qué la petición de Ciudadanos con sus exconcejales no es valida?
Y además, si el pacto Antitransfuguismo no existe y está roto por el PSOE en 206 –como no se ha cansado de decir el primer edil-, ¿por qué sus compañeros de partido en otros municipios, pongamos Santa Pola de ejemplo, no lo consideran así y denuncian ante la Justicia un caso que para ellos es claramente “transfuguismo” y en la Ciudad de al Cerámica ni tan siquiera se defienden ante una denuncia en un Juzgado interpuesta por un miembro de su propio Gobierno?
El 'Juego de Trono’ orquestado por Jaime Ramos en Talavera de la Reina parece que tendrá otro capítulo más. Mientras tanto, consejos vendo que para mí no tengo.
Si (
No(
