Greenpeace denuncióen la presentación de su informe “El negocio del agua en la cuenca del Segura”, que la cuenca no es deficitaria. Según los cálculos de Greenpeace, realizados con datos de la Confederación, la Comunidad Autónoma de Murcia, ESAMUR y estimaciones propias, el Segura podría disponer, una vez cubierta su demanda, de 308 hm3/año de agua para dotar a los ríos de los caudales de los que se ve actualmente privado y para recuperar los acuíferos sobreexplotados. Greenpeace destacó que el Segura es el río europeo con más presas por kilómetro de cauce. El exceso de infraestructuras se ha demostrado no sólo ineficaz sino destructivo para los ecosistemas fluviales, porque acaba por eliminar la capacidad de los ríos de aportar agua y de autorregenerarse. La reducción de los caudales en el río Segura es tan fuerte, que en más de 40 kilómetros sólo corren aguas residuales. A la desembocadura llega el 4% del caudal. Los ecologistas critican que las Administraciones sigan proponiendo obras como solución cuando la Directiva Marco del Agua prohíbe nuevas infraestructuras como único modo de tratar de recuperar las cuencas y el agua, que será un recurso estratégico en los próximos años.
La organización ecologista señaló como principales responsables de los problemas de la cuenca la proliferación de regadíos ilegales y el sector turístico (campos de golf, complejos hoteleros y urbanizaciones). El robo de agua de los ríos y los acuíferos es tan elevado que ha provocado que varios tramos de ríos y decenas de fuentes y manantiales hayan desaparecido. Es el caso del nacimiento del río Mula, río Taibilla, arroyo de El Chopillo o manantial del Gorgotón, entre otros. Todo ello incide en que el Segura sea una de las cuencas con mayor índice de desertificación de la Península Ibérica. Los pozos ilegales en la cuenca están extrayendo del subsuelo un 80% más de agua de la que se recarga de forma natural. Esto provoca, además, la salinización de los acuíferos, el principal problema de contaminación de toda la cuenca.
Greenpeace denuncia que la Administración está permitiendo el robo de agua y el “canje de caudales”.
En la Región de Murcia se ha desarrollado un entramado ilegal de tuberías que proporcionan agua a regadíos, campos de golf y urbanizaciones bajo el beneplácito de la Administración. Este entramado se extiende, al menos, por Fuente Álamo (donde Greenpeace ha investigado 200 km de tuberías ilegales), Mazarrón, Cartagena, Alhama de Murcia y Sucina-Murcia.
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