Los dos acusados se enfrentan a sendas condenas de dos años y medio de prisión, así como a su inhabilitación durante ese tiempo, después de que la Fiscalía viera indicios de un delito societario en una maniobra que les sirvió para informar sobre un beneficio de 30 millones de euros en lugar de las pérdidas de 182 millones de euros que arrastraba la entidad realmente. Aunque el que fuera titular del juzgado central de Instrucción número 5 Pablo Ruz consideró que existían indicios de administración desleal en su auto, la Fiscalía Anticorrupción no lo hizo.
El juez instructor contempla que CCM concedió préstamos “sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora”. El Banco de España ya había advertido de ello en su informe pericial, señalando que había encontrado “actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil”.
También el juez añade que esto “supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos fueron total o parcialmente impagados y las garantías resultaron insuficientes para su recuperación”, además de que muchos de los que se concedieron se hizo cuando la caja “atravesaba una situación de grandes problemas de liquidez”.
La investigación sobre las estas irregularidades se inició en 2010 cuando seis representantes del PP de la asamblea general de CCM, antes que la caja fuera intervenida y absorbida por Cajastur, presentaron una querella. En enero de 2015, el juez Ruz procedió al embargo de los bienes de Hernández Moltó y Ortega, después de que estos no abonarán la fianza civil de 138,2 millones de euros por el agujero económico que provocaron en CCM.
CCM fue la primera entidad del país en ser intervenida en la crisis; en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobó una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.
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