La propiedad de la ILTA solicita realizar el derribo

La propiedad de los terrenos de la antigua ILTA ha solicitado recientemente al Ayuntamiento realizar el derribo de las instalaciones, de las que solo se mantendrá la emblemática chimenea. Después de varios requerimientos por parte del Gobierno local, quien estaba desarrollando los trámites para la ejecución subsidiaria, sin que hubiera respuesta por parte de la empresa propietaria, se han manifestado al respecto, según informó la portavoz municipal, María Rodríguez.

Los técnicos municipales están valorando esta petición para ofrecerles una respuesta, que en caso de ser afirmativa propiciaría el inicio de las obras en cuestión de un mes, cuando estén listos todos los permisos, explicó la edil. El proceso sería mucho más largo tal y como estaba planteado, de forma subsidiaria, ya que habría que iniciar un procedimiento abierto, un concurso, la presentación de ofertas y la adjudicación final.

Respecto a las propuestas del colectivo Arrabal y del grupo político Ganemos Talavera para mantener estas instalaciones y adecuarlas como centro cultural, la portavoz incidió en que el informe de los técnicos sobre el expediente es rotundo al señalar que existe una “ruina inminente tanto física como económica”, por lo que recalcó la importancia de garantizar la seguridad en la zona tanto para los vecinos e inmuebles cercanos como para los 'inquilinos' que lo frecuentan con asiduidad.

Teniendo en cuenta el peligro que existe al mantener las instalaciones en estas condiciones, Rodríguez explicó que si la ruina fuera solo física y no económica, “a lo mejor nos plantearíamos asumir los gastos descomunales que supone mantenerlo en pie”. Sin embargo, la realidad es que existen problemas de salubridad y seguridad estructural que no se pueden dejar prolongar más en el tiempo.

La actuación solo se llevará a cabo en esta parcela, qu forma parte de una unidad de actuación del POM -como suelo urbano no consolidado-, y según se anunció al conocerse la noticia, la demolición le habría costado al Ayuntamiento alrededor de 200.000 euros que, posteriormente, se habría reclamado a la propiedad.