Los documentos concluyeron en que el inmueble está en peligro de ruina. Así lo trasladó la portavoz municipal, María Rodríguez, quien recalcó que la superficie ocupada por la fábrica solo pertenece a un propietario.
De esta forma, la también concejala de Urbanismo recalcó que el resto de parcelas de esta unidad de actuación, que también albergaron o albergan otros negocios, corresponden a otros propietarios, y que en los otros casos no existe ese peligro que necesite de una actuación inmediata. Solo se procedería a actuar siempre y cuando todos estos dueños se pusieran de acuerdo para desarrollar la unidad (que se contempla en el Plan de Ordenación Municipal) y que ese suelo urbano no consolidado pasara a ser consolidado para el consiguiente uso residencial que contempla también el POM.
Estos detalles fueron ofrecidos después de que Ganemos Talavera hiciera pública la semana pasada su propuesta para no demoler la ILTA y adecuar las instalaciones para convertirlas en un centro cultural y lúdico. Al respecto, Rodríguez dijo que “es una propiedad privada y el Ayuntamiento no podemos disponer de ella”, por lo que fue rotunda al señalar que “será el propietario el que decida su uso final”.
Respecto a la necesidad para garantizar la seguridad que existe en este solar, habitualmente regentado por indigentes que pernoctan allí, el Consistorio procederá de inmediato a la ejecución subsidiaria de la antigua fábrica, después de que en varias ocasiones la propiedad no haya atendido a los requerimientos que se le han hecho como dueños de esta superficie.
Por eso, al encontrarse la parcela dentro de una unidad de actuación del POM -como suelo urbano no consolidado-, “no podemos desarrollar un uso concreto en una parcela, sino que para hacerlo tenemos que crear la figura urbanística que ordene toda la zona y poner de acuerdo a todos sus propietarios”, explicó la delegada de Urbanismo. Por eso, invitó a Ganemos a estudiarse todos los expedientes y ver las opciones que existen recordando que su alternativa es “inviable desde el punto de vista de la legalidad”.
Debido a que los servicios municipales no tienen medios materiales para demoler el edificio será necesario subcontratar a una empresa, un procedimiento que será abierto y que tendrá un proceso de licitación para adjudicar el trabajo a la mejor oferta. Por el momento, y desde que este asunto salió a la luz en los medios, los dueños no se han puesto en contacto con el Ayuntamiento, aunque si que se les han mandado notificaciones y se les han remitido los escritos en forma legal. Rodríguez recordó que todavía están en plazo de presentar alegaciones o de otras consideraciones que estimen oportunas conforme a los plazos del procedimiento.
Todo este proceso de demolición supondrá un coste de alrededor de 200.000 euros que, posteriormente, se reclamará a la propiedad.
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