El alcalde de El Casar de Escalona y una concejala, imputados

El alcalde de El Casar de Escalona, Valentín Durán, y una de las concejalas de su Gobierno, Soraya Copado, han sido imputados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y por su actuación en la organización y coordinación de las labores de la Policía Local, respectivamente. Durán y Copado ocupan los números 2 y 5 en la lista de Ciudadanos para las elecciones municipales del próximo 24 de mayo.

En el primero de los asuntos, al regidor casareño se le imputa por la no tramitación de, prácticamente, todas las denuncias en materia de tráfico entre los años 2011 y 2013 que fueron impuestas por los agentes de la Policía Local, según ha podido conocer La Voz del Tajo; un hecho que podría agravarse de constatarse que ha sucedido lo mismo con las que fueron remitidas a esta administración local por parte de la Guardia Civil.

Todos estos boletines formalizados por la Policía Local eran guardados bajo custodia por orden expresa del alcalde, según declaraciones de la anterior concejala de Seguridad, Susana Gómez, que hace unos meses fue apartada de las delegaciones que le fueron asignadas al formarse el Gobierno. Por su parte, Durán excusa su responsabilidad asegurando que él no era el instructor de este procedimiento, sino que era el secretario-interventor, Antonio Hernández, y, a posteriori, la propia Susana Gómez como delegada del área, aunque en su declaración en los juzgados dijo desconocer que su concejala estuviera desempeñando tal labor. Ésta manifestó en su declaración que no tramitaba las multas por instrucción expresa del primer edil, se guardaban en un cajón hasta que se pasaban los plazos y, por tanto, caducaban.

Aunque es función del instructor tramitar este tipo de expedientes sancionadores en materia de tráfico, el supervisor máximo y último es el propio alcalde. La querella inicial fue archivada y luego estimada, en octubre de 2013, tras recurrirse en apelación. Sin embargo, el auto de continuación del procedimiento data de noviembre de 2014.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Torrijos ha vuelto a solicitar los expedientes administrativos de estas denuncias para continuar con la investigación, aunque han pasado más de ocho meses sin que se haya aportado ningún documento. La responsabilidad de la custodia de todo el archivo municipal es del secretario, aunque también del alcalde, por extensión, como máxima autoridad política.

En el caso de la actual segunda teniente de alcalde, Soraya Copado, la imputación viene derivada de sus funciones sobre el cuerpo de la Policía Local. En este caso, la parte denunciante argumentaba los cambios de turno de forma unilateral y sin previa comunicación a estos trabajadores, así como la obligatoriedad de ejercer sus jornadas en un punto fijo sin utilizar el coche de patrulla, salvo urgencias y previa llamada a la delegada responsable. Según ha podido saber este semanario, las órdenes que daba esta concejala se hacían de forma verbal, como por ejemplo la de tener que llevar encima bebidas carbonatadas después de que uno de los agentes sufriera una hipoglucemia.

Aunque Susana Gómez seguía siendo la concejala de Seguridad, las órdenes a la Policía Local eran dadas por Soraya Copado, justo en el momento en que los cuatro agentes se incorporaron a su puesto de trabajo -en el verano de 2014- después de un año de baja por prescripción facultativa. De hecho, desde este tiempo se han abierto dos expedientes contra estos policías, uno por llegar tarde a su turno de trabajo y otro por no abandonar el puesto de trabajo, aunque se archivaron por falta de motivación. En el segundo de los casos, el abandono estuvo motivado por la asistencia al compañero que sufrió la hipoglucemia.

En la declaración que prestó Copado en el Juzgado número 1 de Torrijos aseveró que nunca impuso órdenes sino que las transmitía de manos del alcalde o tras ser consensuadas. Respecto a las patrullas a pie, defendió que se hizo porque después de la baja de doce meses de los policías -y la alarma que cundió entre la población- pensaron que así estarían más cerca de los ciudadanos. De la misma forma, esta concejala dijo que nunca se ha considerado jefa de la Policía Local y que solo ha transmitido instrucciones tras el abandono de funciones de Susana Gómez. El pasado 10 de abril, la propia Susana Gómez registró un escrito en el Ayuntamiento casareño para afirmar que no ha abandonado su cargo, sino que fue decisión del alcalde cesar su liberación. En la comunicación, asegura que últimamente venía sintiéndose desplazada y con poco margen de actuación en sus delegaciones, algo que desde el Gobierno se achacó a que “no estaba en la línea”.

EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA, SEÑALADO POR LA JUSTICIA. En el caso del candidato a la Alcaldía de El Casar de Escalona por Ciudadanos, Graciano Medina, fue condenado, como responsable de una falta de respeto y consideración debida leve -por amenazas- a un agente de la autoridad en julio del año 2011 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Torrijos. Tanto a él como al otro condenado, se les impuso una sanción económica.