El TSJCLM condena a la Junta a readmitir a los interinos despedidos tras la orden de agosto de 2012

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha fallado a favor del recurso presentado por la Federación de Servicios Públicos (FSP) UGT CLM contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, declarando nulas las órdenes del 20/08/2012 reguladoras de las plantillas de funcionarios y del personal sanitario, veterinario y de farmacia de la Administración regional. Este fallo, por consiguiente, condena a la Junta a readmitir a los interinos despedidos por la aplicación de esa orden y a pagarles los salarios adeudados desde esa fecha, así como a pagar las costas procesales, recoge la FSP en nota de prensa.

La sentencia, correspondiente al auto 434/12, al que se sumó el 432/12 registrado por el sindicato STAS CLM, declara nulas de pleno dercho las disposiciones de la Administración regional recurridas “por mediar la vulneración del artículo 28.1 de la Constitución”, algo que supone un serio correctivo a la Junta, que “no muestra ningún respeto por los representantes sindicales y por las mesas de negociación con la parte social”, manifiesta la secretaria general de FSP UGT CLM, Carmen Campoy.

En su fundamento de derecho noveno, la setencia recoge textualmente: “siendo exigible la negociación colectiva... el derecho de los sindicatos a la negociación no se satisface sin más con la apertura del proceso negociador y con la celebración de reuniones carentes de contenido real, ni se puede negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora, según palabras del Tribunal Constitucional”. Según Campoy, el TSJ da la razón al sindicato en un proceso en el que “el PP pretendía imponer medidas lesivas contra los derechos de los empleados públicos”, de la misma forma que achacó “la falta de respeto de los gobernantes del PP hacia los representantes legales de los servidores públicos, elegidos democráticamente en elecciones sindicales”.

Según las estimaciones previas, la medida supondría la creación de 700 plazas y el pago de los atrasos ascendería a unos 14 millones de euros.

RECURSO. La Junta de Comunidades anunció a última hora de este lunes que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en relación a la denuncia que presentaron UGT y STAS por vulneración del derecho fundamental de negociación colectiva. Aunque respeta la setencia del TSJ CLM no la comparte, considerando que “esta decisión podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas de nuestra Administración y garantizar los servicios sociales, la educación y la sanidad a los ciudadanos de la región”. En nota de prensa, también recuerda el clima de tensión de la negociación, donde se requirió la intervención de agentes de seguridad para garantizar la continuidad de la reunión, tras los capítulos violentos que se producían en el exterior.

Para terminar, la información de la Junta recoge que el escrito de conclusiones emitido por el Ministerio Fiscal ya señalab que los indicios apuntados por los sindicatos no habían sido acreditados o no tenían la suficiente entidad para concluir en la vulneración del derecho fundamental denunciado, tal y como se reflejó en este escrito el pasado 25 de octubre de 2013.