Romaní anuncia la puesta en marcha del segundo tramo del plan de pago a proveedores

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha anunciado que hoy se pone en marcha el segundo tramo del plan de pago a proveedores, “que ampara obligaciones documentadas en facturas, derivadas de contratos, arrendamientos, encomiendas de gestión y concesiones administrativas”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de Gobierno, Romaní ha señalado que hoy se publica la Orden en la que se regula el procedimiento, al tiempo que ha adelantado que “hoy mismo remitiremos desde la Intervención General los listados de los pagos al Ministerio de Hacienda”.

El titular de Hacienda ha explicado los pasos a seguir en este procedimiento. En primer lugar, la Administración tiene que presentar dichos listados al Ministerio, posteriormente el Ministerio revisa los datos –del 24 al 28 de octubre-, después los empresarios comprueban las relaciones y solicitan el pago su adhesión al pago, plazo que se circunscribe entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre.

En caso de que los empresarios tengan discrepancias, estos podrán solicitar el certificado individual hasta el 15 de noviembre, ya que es la herramienta por la que se resuelven las consultas.

Además, Romaní ha resaltado que con la puesta en marcha del primer tramo del mecanismo de pago a proveedores y de este segundo tramo, que se pagará a finales de año, “quedarán cerca de 200 millones de euros pendientes de pago”, aunque se ha mostrado convencido de que a principios de 2014 la Administración regional estará realizando sus pagos en los plazos que establece la Ley de Morosidad.

El mecanismo de pago a proveedores, puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda este año 2013, constaba de dos tramos. El primero, que ya se ha tramitado durante este verano, es un gasto muy social derivado de conciertos en materia educativa, social y sanitaria, convenios de colaboración, transferencias a distintas instituciones sin fines de lucro y distintas actividades de I+D+i, así como pagos a ayuntamientos. Todo ello está ya determinado y, a falta de que el Ministerio habilite los fondos, la cifra definitiva asciende a 278,4 millones de euros.