El debate sobre la publicidad institucional llega al Congreso

Según informa 20minutos, una campaña sobre violencia de género realizada en 2012 por el Ministerio de Sanidad destapó la semana pasada graves irregularidades en la gestión de la publicidad institucional. En dicha campaña y según informa el rotativo que dirige Arsenio Escolar, el Ministerio que dirige Ana Mato discriminó a los diarios más leídos de España, 20minutos y El País, e invirtió las mayores cantidades en diarios de pequeña audiencia, como La Razón y La Gaceta.

En este sentido, la asociación más numerosa de editores de prensa, AEEPP, denuncia que la ley de 2005 que regula la publicidad institucional en España es incumplida de modo sistemático por ministerios, consejerías o ayuntamientos, gobernados por diferentes partidos. AEEPP, a la que pertenecen un centenar de editores, la mayoría pequeños y medianos, ha denunciado reiteradas veces que los grandes grupos de comunicación acaparan la inmensa mayor parte de la inversión de muchos organismos públicos, en detrimento del resto del sector.

Por ello, desde la AEEPP se han denunciado estas prácticas ante el actual Gobierno de Rajoy y ante el anterior de Zapatero. En febrero pasado, la asociación se quejó oficialmente a la presidenta de la Comisión Nacional de Publicidad Institucional y creó un Observatorio para denunciar los casos más flagrantes y propuso a todos los grupos parlamentarios que la publicidad institucional se incluyera en la Ley de Transparencia. En la sesión de hoy, el Congreso debatirá esa propuesta, tras presentar el PSOE una enmienda que recoge la iniciativa de los editores. Según publica 20minutos, la ley que regula la publicidad institucional establece que «las campañas han de servir a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quienes las promueven» y dispone que la planificación en los distintos medios ha de hacerse conforme a criterios objetivos de tiradas, audiencias, población a la que se quiere llegar, etc.

Según Escolar, a la sazón presidente de la AEEPP, "las irregularidades en la gestión de la publicidad institucional son muy graves, pues suponen un menoscabo de derechos ciudadanos y un mal uso de los recursos públicos, así como una práctica de competencia desleal, al descartar o infraplanificar en las campañas a unos medios y beneficiar a otros competidores directos".